La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional avanzó en el tratamiento de las reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado con un enfoque en las sanciones e inhabilidades administrativas que podrían aplicarse a exservidores públicos.

Durante la sesión, representantes de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, así como del Grupo Faro, presentaron observaciones técnicas y jurídicas relacionadas con los alcances de la responsabilidad administrativa culposa, uno de los temas centrales del proyecto de reforma.

Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, advirtió que, en ciertos casos, los cambios propuestos podrían interpretarse como mecanismos de sanción retroactiva. Esta posibilidad —dijo— podría vulnerar principios constitucionales, por lo que recomendó establecer un marco normativo claro y que respete el debido proceso.

Por su parte, la asesora legal de Grupo Faro, Gabriela Ponce, destacó la necesidad de delimitar con precisión las competencias de la Contraloría frente a otros órganos de control, para evitar duplicidad de funciones y garantizar seguridad jurídica.

El presidente de la comisión, Jorge Peñafiel, expresó que el objetivo es fortalecer las herramientas del Estado para sancionar la mala gestión pública, pero sin caer en excesos que comprometan derechos fundamentales. Aseguró que las propuestas serán analizadas con rigurosidad jurídica antes de emitir un informe final.