La aprobación de la Ley Orgánica de Integridad Pública en Ecuador ha encendido las alarmas en organismos internacionales. Este martes 24 de junio de 2025, Unicef expresó su profunda preocupación por las reformas penales contenidas en esta nueva normativa, que endurece las penas contra menores de edad involucrados en delitos graves.

En un comunicado, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia calificó los cambios como “reformas regresivas al sistema penal juvenil que afectan gravemente a los adolescentes”. La ley, impulsada por el presidente Daniel Noboa y aprobada por la Asamblea Nacional con 84 votos a favor, establece penas de hasta 15 años de prisión para menores vinculados al crimen organizado.

Para Unicef, este tipo de medidas no solo violan compromisos internacionales asumidos por Ecuador, como la Convención sobre los Derechos del Niño, sino que además podrían agravar la crisis penitenciaria que enfrenta el país. “Incluso podrían empeorar la situación del sistema penitenciario y afectar la posibilidad de reintegración para los adolescentes”, advirtió el organismo.

La normativa, que abarca también áreas como la contratación pública, el fortalecimiento institucional y la lucha contra redes delictivas, busca frenar el reclutamiento de menores por bandas criminales, fenómeno que se ha incrementado tras la declaración de “conflicto armado interno” hecha por el Gobierno a inicios de 2024. Según cifras oficiales, más de 3.500 adolescentes fueron detenidos el año pasado por su presunta vinculación con grupos delictivos.

A pesar de las justificaciones del Ejecutivo, Unicef insistió en que las penas severas contra adolescentes no han demostrado ser eficaces en la lucha contra la inseguridad. “La privación de libertad prolongada no resuelve el problema estructural de violencia ni protege adecuadamente a la infancia”, sostuvo el organismo.

Además de los cambios al sistema penal juvenil, la ley contempla otras medidas polémicas, como la expulsión de extranjeros hasta por 40 años y la transformación de cooperativas hacia el sistema financiero privado. La oposición calificó la norma como “una aberración legislativa” y denunció que se violaron procedimientos parlamentarios durante su aprobación.