La reciente aprobación de la Ley Orgánica de Integridad Pública por parte de la Asamblea Nacional ha generado reacciones diversas entre actores políticos, organismos internacionales y representantes de la sociedad civil. Mientras algunos sectores la consideran un avance en la lucha contra la corrupción, otros cuestionan su contenido y el proceso legislativo que permitió su aprobación.

La normativa, tramitada bajo el carácter de económica urgente, busca fortalecer los mecanismos de prevención de la corrupción en el sector público y promover principios de ética, transparencia y rendición de cuentas en la gestión estatal. La ley contempla la implementación de planes institucionales de integridad, la protección de denunciantes y la tipificación de nuevas faltas administrativas.

Sin embargo, su aprobación ha sido objeto de críticas por parte de algunos asambleístas que señalaron presuntas irregularidades en el procedimiento. El legislador Luis Molina cuestionó la inclusión directa de reformas propuestas por el asambleísta Andrés Castillo, sin pasar previamente por la revisión de la Comisión de Desarrollo Económico, como establece el procedimiento parlamentario. A pesar de estas observaciones, el Pleno negó con 83 votos una apelación contra la conducción de la sesión, lo que permitió avanzar con la aprobación de la ley.

En el plano internacional, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Ecuador expresó su respaldo a la nueva normativa, destacando que esta ley puede contribuir a fortalecer las instituciones públicas y prevenir prácticas corruptas que afectan particularmente a los sectores más vulnerables, como la niñez.

Organizaciones sociales, por su parte, han advertido que, si bien la ley representa un paso importante, su efectividad dependerá de una correcta implementación y de la voluntad política para aplicarla sin distorsiones. También insisten en la necesidad de garantizar independencia de los entes de control y de asegurar que no se utilicen mecanismos de integridad con fines persecutorios.

El Gobierno, en cambio, ha destacado la aprobación de la ley como un logro clave en su agenda legislativa, asegurando que se trata de una herramienta necesaria para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones y combatir estructuras de corrupción enquistadas en el Estado.

Con la aprobación de esta ley, el desafío ahora se traslada a su reglamentación y aplicación práctica, en un país donde la transparencia institucional continúa siendo una demanda prioritaria de la ciudadanía.