La Empresa Pública Petroecuador anunció la desvinculación de varios funcionarios que percibían sueldos elevados, como parte de un proceso de reestructuración interna orientado a optimizar los recursos de la estatal petrolera. La medida, según la empresa, responde a criterios de eficiencia y sostenibilidad financiera.

Entre los despedidos figuran servidores que, en algunos casos, habrían recibido remuneraciones mensuales superiores a los USD 10.000. Esta situación fue identificada tras una evaluación interna que detectó distorsiones en la escala salarial de ciertos cargos, particularmente en áreas administrativas.

En un comunicado oficial, Petroecuador indicó que estas acciones buscan “eliminar privilegios injustificados” y avanzar hacia una gestión más transparente y técnica. La empresa precisó que continuará auditando los procesos de contratación y nombramiento dentro de su estructura, como parte de una revisión integral impulsada por la gerencia actual.

El gerente general, Michael Madero, señaló que esta depuración forma parte del compromiso de la compañía con el buen uso de los recursos públicos. “La empresa está en un proceso de transformación y no puede permitirse mantener esquemas heredados que afectan la confianza ciudadana y la eficiencia operativa”, indicó.

Asimismo, se informó que la estatal petrolera continuará con evaluaciones periódicas para garantizar que el personal se ajuste a los principios de mérito y racionalidad del gasto. También se prevé una revisión de contratos de consultoría externa y servicios complementarios.

La decisión ha generado reacciones divididas. Mientras sectores ciudadanos y analistas económicos ven con buenos ojos la medida como un paso hacia una gestión más austera, voces sindicales han advertido sobre el riesgo de que la reestructuración afecte derechos laborales si no se aplican procesos justos y transparentes.

Petroecuador atraviesa una etapa crítica en términos financieros, en medio de compromisos operativos exigentes y una coyuntura de presión fiscal. Con esta estrategia, la empresa espera recuperar credibilidad y alinear su funcionamiento a estándares de eficiencia del sector público.