Actualmente, estos proyectos, que son enviados por el presidente de la República, pasan directamente al debate del Pleno sin necesidad de revisión previa por parte del CAL. Mendoza considera que esta dinámica limita la capacidad de control legislativo y genera vacíos en la verificación del cumplimiento de requisitos constitucionales.
Durante su intervención, el legislador argumentó que la reforma busca fortalecer la institucionalidad parlamentaria y evitar el ingreso de propuestas que no se ajusten al marco legal. En su criterio, el CAL debe ejercer un filtro técnico y jurídico, tal como ocurre con el resto de iniciativas legislativas.
La propuesta fue planteada ante la Comisión de Enmiendas Constitucionales, que analiza diferentes cambios al texto constitucional. Mendoza subrayó que esta modificación no tiene carácter político, sino que responde a la necesidad de equilibrar las competencias entre el Ejecutivo y el Legislativo.
La reforma deberá seguir un procedimiento establecido que incluye dictamen de la Corte Constitucional, aprobación legislativa y posterior consulta popular, si se determina que el cambio implica una modificación sustancial a la Carta Magna.
El asambleísta Guido Mendoza presentó una propuesta de reforma al artículo 140 de la Constitución con el objetivo de que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) tenga la facultad de calificar los proyectos de ley de carácter económico urgente antes de su tratamiento en el Pleno de la Asamblea Nacional.
Actualmente, estos proyectos, que son enviados por el presidente de la República, pasan directamente al debate del Pleno sin necesidad de revisión previa por parte del CAL. Mendoza considera que esta dinámica limita la capacidad de control legislativo y genera vacíos en la verificación del cumplimiento de requisitos constitucionales.
Durante su intervención, el legislador argumentó que la reforma busca fortalecer la institucionalidad parlamentaria y evitar el ingreso de propuestas que no se ajusten al marco legal. En su criterio, el CAL debe ejercer un filtro técnico y jurídico, tal como ocurre con el resto de iniciativas legislativas.
La propuesta fue planteada ante la Comisión de Enmiendas Constitucionales, que analiza diferentes cambios al texto constitucional. Mendoza subrayó que esta modificación no tiene carácter político, sino que responde a la necesidad de equilibrar las competencias entre el Ejecutivo y el Legislativo.
La reforma deberá seguir un procedimiento establecido que incluye dictamen de la Corte Constitucional, aprobación legislativa y posterior consulta popular, si se determina que el cambio implica una modificación sustancial a la Carta Magna.
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