Un total de 53 fiscales han sido incorporados al Programa de Protección a Víctimas y Testigos debido a amenazas relacionadas con su labor, informó el fiscal subrogante Wilson Toainga durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional.

Toainga explicó que estos fiscales, quienes investigan casos de crimen organizado, narcotráfico, corrupción y otros delitos graves, han sido blanco de intimidaciones. Por ello, la Fiscalía solicitó su ingreso a este sistema de protección especial, que es administrado por el Ministerio del Interior.

El fiscal subrogante enfatizó que la lucha contra estructuras criminales ha generado un entorno de alto riesgo para los operadores de justicia. En ese sentido, destacó que no solo se ha solicitado protección para fiscales, sino también para jueces y policías que participan en procesos judiciales complejos.

Además, Toainga reveló que algunos de estos funcionarios han tenido que abandonar sus hogares y cambiar sus rutinas por razones de seguridad. Aunque no precisó detalles por cuestiones de confidencialidad, aseguró que el programa garantiza medidas eficaces para salvaguardar la vida e integridad de los servidores judiciales amenazados.

Durante su intervención, también se abordaron reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), con el objetivo de fortalecer el trabajo de la Fiscalía en medio del avance del crimen organizado. Los legisladores escucharon con atención las propuestas que buscan agilizar procesos y brindar mayores herramientas legales para combatir estas amenazas.

El fiscal subrogante reiteró el compromiso del Ministerio Público en la defensa de la legalidad, pese a los riesgos, y pidió respaldo institucional para proteger a quienes enfrentan al crimen desde el sistema judicial.