La Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha rechazó el recurso de apelación presentado por la exjueza María Belén Domínguez, confirmando así la sentencia de tres años de prisión por tráfico de influencias.

Domínguez fue condenada en enero de 2024, tras comprobarse que, en junio de 2021, intervino directamente ante dos ayudantes judiciales para que tramitaran una acción constitucional presentada por el entonces alcalde de Quito, Jorge Yunda, que le permitió permanecer en el cargo.

Pese a que inicialmente se le concedió la suspensión condicional de la pena, la exjueza apeló, argumentando que la valoración de las pruebas en primera instancia fue incorrecta. Según su defensa, los testimonios de los colaboradores judiciales carecían de coherencia.

Durante la audiencia de apelación, el fiscal provincial (e) de Pichincha, John Romo, desvirtuó los argumentos de la defensa, señalando que existían suficientes elementos probatorios que confirmaban el tráfico de influencias, entre ellos pericias informáticas que transcribieron las órdenes impartidas por Domínguez a su personal.

Tras la deliberación, la Sala Penal ratificó la condena, desechando definitivamente el recurso de la procesada.