La reciente aprobación de la Ley de Integridad y Lucha contra la Corrupción ha abierto un debate jurídico y social, debido a la inclusión de una disposición que permitiría sancionar a adolescentes como adultos en casos de corrupción y otros delitos relacionados con la función pública.

La norma, ya publicada en el Registro Oficial, establece que en los delitos contra la administración pública —como peculado, cohecho, tráfico de influencias y lavado de activos— se aplicarán las sanciones previstas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) “incluso cuando los infractores sean adolescentes”.

Este texto ha despertado inquietudes entre juristas, organizaciones de derechos humanos y defensores de la niñez, quienes señalan que la medida podría contradecir la Constitución y los tratados internacionales suscritos por el Ecuador, los cuales establecen que los menores de edad deben recibir un tratamiento diferenciado en el sistema de justicia.

Expertos como Farith Simon, abogado constitucionalista, advierten que esta disposición podría ser inconstitucional, ya que el sistema penal juvenil está diseñado para privilegiar la rehabilitación por encima del castigo. Añaden que no se puede aplicar el mismo régimen punitivo a un adolescente que a un adulto, aún en casos de delitos graves.

Desde el Legislativo, algunos asambleístas han defendido la norma argumentando que se trata de una herramienta para cerrar vacíos legales y combatir estructuras que se valen de menores para encubrir actos ilícitos. Sin embargo, otros han solicitado una revisión urgente del artículo para evitar vulneraciones de derechos.

El Gobierno no se ha pronunciado oficialmente sobre una posible reforma o veto parcial de la ley. Entretanto, diversas organizaciones ya analizan la posibilidad de presentar acciones de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional.

La polémica se centra en el equilibrio entre la necesidad de combatir la corrupción con firmeza y el respeto a los principios fundamentales del derecho penal juvenil, consagrados tanto en la normativa nacional como internacional.