La propuesta de reformar el régimen penal para adolescentes en Ecuador, incluida forzosamente en un proyecto de ley con carácter económico urgente que se debate en la Asamblea Nacional —la denominada Ley de Integridad Pública— resulta profundamente preocupante, pues lejos de proteger, conduce a su persecución y revictimización.

Resulta inexplicable que un proyecto cuyo objetivo, en principio, era el de reformar la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se hayan incluido reformas al Código de la Niñez y Adolescencia y al Código Orgánico Integral Penal.

Estas reformas, impulsadas por el asambleísta oficialista Andrés Castillo, se sustentan en el argumento de que los grupos delictivos explotan a adolescentes, utilizándolos como “carne de cañón”. Sin embargo, en lugar de enfrentar y combatir el verdadero problema: la expansión y consolidación del crimen organizado, se propone endurecer las penas contra adolescentes, reproduciendo un modelo punitivo que no resolverá el problema de fondo.

En este contexto de creciente control territorial por parte del crimen organizado, niños, niñas y adolescentes viven atrapados entre dos fuegos: por un lado, el riesgo de ser reclutados forzosamente y, por otro, la persecución del propio Estado, que, en lugar de ofrecer alternativas de protección y restitución de derechos, apuesta por leyes más severas para juzgarlos y castigarlos.

Como ha señalado la investigadora Silvana Tapia, el aparato penal históricamente ha mostrado un trato más severo hacia los sectores más empobrecidos, y esta lógica tampoco sería distinta para los adolescentes en conflicto con la ley, profundizando aún más las desigualdades estructurales.

Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Mendoza y otros vs. Argentina, estableció que los Estados tienen la obligación de contar con un marco legal y políticas públicas adecuadas en materia de justicia penal juvenil, alineadas a los estándares internacionales de derechos humanos. De igual manera, en el caso Comunidades Afrodescendientes desplazadas de la cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) vs. Colombia, el tribunal interamericano recalcó que la especial vulnerabilidad de niños y niñas se intensifica en escenarios de violencia organizada y conflicto armado, pues son quienes menos capacidad tienen para adaptarse o protegerse de sus consecuencias, padeciendo sus efectos de forma desproporcionada.

Por todo ello, estigmatizar a niños y niñas y criminalizar adolescentes no es, ni será, la respuesta. Lo urgente es construir soluciones integrales que combatan las estructuras criminales, protejan a niños, niñas y adolescentes del reclutamiento forzado, generen entornos seguros y restituyan derechos a una infancia y adolescencia abandonada por el Estado.