Seguramente ha escuchado hablar de los bonos o créditos de carbono y de la lucha contra el cambio climático. En los últimos años, de una u otra manera, la información nos ha ido alcanzando a todos. Pero lo que muchos aún no saben es que este tema va mucho más allá de instalar paneles solares o usar bolsas reutilizables: el mercado de carbono podría ser una solución real al déficit fiscal del país, si se lo toma en serio.

¿Cómo es esto posible? A través de la comercialización de bonos de carbono. El mercado de carbono comenzó en los 90, pero tomó forma oficial con el Protocolo de Kioto (1997), que entró en vigor en 2005. Allí se establecieron metas obligatorias de reducción de emisiones para los países industrializados, y para cumplirlas, estos podían financiar proyectos de reducción de emisiones en países en desarrollo como Ecuador, a cambio de recibir créditos de carbono, o podían comprar derechos de emisión a quienes emitieran por debajo de sus límites.

Ese mismo año nace el primer sistema consolidado con el Sistema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea (EU ETS). Hoy existen dos mercados: el regulado y el voluntario, el primero incluye sistemas obligatorios, mientras que en el mercado voluntario de carbono empresas y países compensan sus emisiones financiando proyectos sostenibles por voluntad propia. Ambos mueven cientos de miles de millones de dólares al año.

¿Y qué relación tiene Ecuador con todo esto? Somos un país megadiverso, con enormes extensiones de bosques amazónicos, páramos y manglares que actúan como grandes sumideros de carbono. Es decir, tenemos fuentes legítimas de financiamiento para nuestras urgencias económicas. Pero, increíblemente, no estamos aprovechando este mercado.
¿Por qué? Porque la Constitución de Ecuador, en el artículo 74, establece que “los servicios ambientales no son susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado”.

Esa redacción, ha generado un conflicto legal e incertidumbre jurídica: ¿a quién le pertenece el carbono que se captura? ¿Al Estado, a las comunidades, a los propietarios privados?

El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica lleva años trabajando en un marco regulatorio que no termina de concretarse. Mientras tanto, Ecuador pierde millones de dólares y miles de hectáreas de bosque, esperando que el Gobierno defina reglas claras y justas.

Para dimensionar la magnitud del tema: se estima que para 2030, el mercado de carbono moverá más de “50.000 millones anuales. Ecuador, si definiera el marco regulatorio podría captar al menos $300 millones al año en bonos de carbono. ¿Se imaginan que nos paguen por conservar nuestros bosques, por producir de forma más limpia, o por impulsar el desarrollo comunitario con sostenibilidad? Es posible. Pero no se está haciendo, mientras otros países venden su carbono, cuidan sus recursos naturales y financian su desarrollo, nosotros seguimos discutiendo y pasando hambre, sentados sobre minas de oro verde.