El reglamento para escoger al nuevo fiscal general del Estado está bajo fuego. Fue aprobado por una mayoría afín al correísmo —ya destituida por el Tribunal Contencioso Electoral— y contiene vacíos legales que, según expertos, podrían facilitar la injerencia de grupos con intereses oscuros. En entrevista con Ecuavisa, el consejero Gonzalo Alván Molestina reconoció los errores del documento, pero aseguró que aún se puede corregir.

“El informe jurídico no es vinculante. El pleno puede hacer reformas profundas, y eso es lo que estamos proponiendo”, dijo el consejero, quien ha impulsado la participación de la academia y gremios jurídicos en la revisión técnica del reglamento.

Una de las críticas más fuertes apunta a la evaluación oral de los postulantes, que en el actual reglamento es subjetiva y discrecional. Alván propone reformarla para que se evalúe la capacidad real de litigación y no solo el número de denuncias presentadas. También sugiere que la evaluación esté a cargo de expertos y decanos universitarios, aunque su moción para incluirlos fue rechazada por la mayoría del consejo.

Otra reforma clave busca endurecer los requisitos éticos: actualmente, solo se impide postular a quienes estén procesados por corrupción o delincuencia organizada. “Eso no basta. Debería incluir delitos como lavado de activos o pornografía infantil. Estamos hablando de la Fiscalía General del Estado”, enfatizó.

Sobre los temores de que esta depuración del reglamento termine favoreciendo a ciertos sectores políticos, Alván fue enfático: “Yo no he sentido presiones. Pero con reglas claras, podemos evitar que este proceso caiga en manos equivocadas”.

También admitió que es necesario corregir las inconsistencias en la ponderación académica: hoy, un doctorado (PhD) solo recibe dos puntos más que una maestría. “Eso desincentiva la preparación académica. Es absurdo”, sentenció.