Con diez votos afirmativos, la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional aprobó este miércoles 11 de junio de 2025 un proceso de fiscalización sobre las contrataciones realizadas para el funcionamiento de varias termoeléctricas en el país.

La moción fue presentada por el legislador Lenín Barreto, quien advirtió la necesidad de indagar los contratos suscritos por CELEC EP, a través de sus unidades Termopichincha y Electroguayas, con las empresas Progen y Austral Technical Management S.A.S. Los acuerdos se vinculan a la operación de las centrales Salitral, Quevedo y Esmeraldas.

El asambleísta Héctor Valladarez respaldó la iniciativa y recordó que la función fiscalizadora del Legislativo permite que la ciudadanía conozca la verdad detrás de este tipo de contratos, que han sido cuestionados en medio de la crisis energética que enfrenta el país.

Durante la sesión 003, la Comisión también avaló su cronograma de trabajo para el período 2025–2027, que prioriza la defensa de los derechos ciudadanos y el tratamiento de proyectos de ley. Este plan parte de un diagnóstico político, económico y social, y se basa en insumos de organismos internacionales.

El proceso de fiscalización en torno a CELEC se suma a otros esfuerzos legislativos para determinar posibles irregularidades en la contratación pública dentro del sistema eléctrico ecuatoriano.