La Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional ejecutaron, la madrugada del 18 de abril de 2024, el operativo denominado “Caso Jaguar”, dirigido a desarticular una red de narcotráfico con nexos en unidades policiales. El dispositivo abarcó allanamientos simultáneos en siete provincias, entre ellas Pichincha, Guayas, Azuay y Santo Domingo, y se saldó con la detención de 14 personas, entre ellas 10 policías en servicio activo o pasivo.

La investigación, iniciada en abril de 2022 tras el robo de 2 350 kg de cocaína de la Secretaría Técnica de Drogas en Napo, se profundizó luego de la captura del narcotraficante Wilder Emilio Sánchez Farfán, alias “Gato Farfán”, en febrero de 2023. Ese arresto por parte de las autoridades colombianas —que incluyó la incautación de tres toneladas de droga— permitió descubrir que la organización criminal mantenía vínculos con carteles extranjeros, como Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Entre lo incautado en los operativos destacan USD 700 000 en efectivo, armas de fuego (incluidos fusiles y subametralladoras), municiones, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos, cajas fuertes, documentos y sustancias sujetas a fiscalización. Además, se hallaron USD 160 000 en Santo Domingo, USD 500 000 en Guayaquil y USD 90 000 en Machala, según los sumarios oficiales.

En las audiencias penales, dictadas entre el 18 y 19 de abril de 2024, se formuló cargos por delincuencia organizada con fines de tráfico de drogas. Tres policías —Olger O., Elton A. V. y Freddy L. C.— recibieron prisión preventiva, mientras que otros siete uniformados y varios civiles quedaron con medidas restrictivas y obligación de presentarse periódicamente ante la Fiscalía.

Según las investigaciones, la red criminal contrató a oficiales de las unidades de Criminalística y Antinarcóticos, quienes facilitaron certificados falsos de porte de armas y alertas sobre operativos, a cambio de pagos que oscilarían entre USD 100 000 y USD 300 000. Su objetivo principal era recuperar cargamentos incautados —como los sustraídos en Napo— y asegurar el flujo de estupefacientes hacia el extranjero.

El caso refleja una red profundamente ligada a estructuras transnacionales, que operaba mediante el uso irregular de agentes policiales. La Fiscalía continúa adelante con la investigación, mientras se mantienen alertas sobre posibles nuevos involucrados y el seguimiento al patrimonio relacionado con la agrupación liderada por el ‘Gato Farfán’