La Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional definió su hoja de ruta legislativa con un objetivo claro: fortalecer la institucionalidad judicial a través de reformas profundas a cuatro cuerpos normativos fundamentales.

El plan de trabajo fue aprobado por unanimidad y establece como prioridad la modificación del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el Código de la Democracia y el Código Orgánico General de Procesos (COGEP). La presidenta de la comisión, Rosa Torres (ADN), subrayó que estos cambios buscan devolver la confianza ciudadana en el sistema judicial y acelerar el tratamiento de más de un centenar de proyectos pendientes.

En el caso del COFJ, se debatirán cinco propuestas enfocadas en resolver la escasez de jueces, la paralización de concursos de méritos y oposición, así como la falta de control disciplinario efectivo. Además, se evaluará la creación de un sistema de seguimiento que garantice la transparencia en los procesos judiciales.

Respecto al COIP, se analizarán 73 reformas. Entre ellas, el incremento de penas para delitos graves, la regulación de medidas alternativas a la prisión y la incorporación de nuevas figuras penales, especialmente en contextos de conflicto armado interno.

En cuanto al Código de la Democracia, se estudian 13 proyectos orientados a modernizar el sistema electoral. Uno de los principales cambios sería el posible retorno al método de asignación D’Hondt para la distribución de escaños. También se revisarán los requisitos para el reconocimiento de partidos políticos, la capacitación electoral para ecuatorianos en el exterior y la regulación de encuestas y pronósticos electorales.

Finalmente, para el COGEP se contemplan reformas que buscan agilizar y modernizar los procesos civiles y administrativos, facilitando el acceso a la justicia.

Torres advirtió que la comisión reorganizará los 135 proyectos legislativos que siguen en trámite, tras haber recibido un total de 246, de los cuales sólo 111 cuentan con informes de avance. Aclaró que aún no se ha determinado cuántos de estos fueron archivados o aprobados.

La legisladora enfatizó que este proceso no sólo apunta a consolidar una justicia más eficiente y transparente, sino también a sentar las bases institucionales para garantizar procesos electorales confiables en 2027 y 2029.