El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) dio un paso hacia posibles reformas en el reglamento que rige el concurso para seleccionar al nuevo Fiscal General del Estado, proceso que acumula varios meses de retraso y que ha sido blanco de críticas.

Durante la sesión plenaria de este martes 4 de junio en Quito, el organismo aprobó dos resoluciones clave: la primera, para evaluar las observaciones presentadas por gremios de abogados; y la segunda, para considerar la incorporación de nuevas veedurías ciudadanas al proceso de vigilancia.

Las solicitudes de modificación fueron impulsadas por la Federación Nacional de Abogados del Ecuador y el Colegio de Abogados de Pichincha, que aseguran representar a más de 100.000 profesionales. Ambos gremios exigen un reglamento más sólido, mayor transparencia y una veeduría técnica e independiente integrada por académicos y juristas.

Ante ello, el CPCCS encargó a su Coordinación General de Asesoría Jurídica la elaboración, con carácter prioritario, de un informe de viabilidad que determine si procede o no reformar el reglamento vigente. Si se establece que sí, el organismo convocará mesas de trabajo para definir los cambios necesarios.

El presidente del Consejo, Andrés Fantoni, reconoció que el reglamento actual es “perfectible” y aseguró que cualquier ajuste se realizará conforme al procedimiento legal. En la misma línea, el consejero Gonzalo Albán lamentó la tardanza con la que llegaron las observaciones, pero destacó la apertura del proceso. Además, exigió que el informe jurídico sea entregado en un plazo de 48 horas, recordando que un requerimiento similar no obtuvo respuesta en ese tiempo anteriormente.

En paralelo, el Consejo también pidió a la Secretaría Técnica de Participación Ciudadana y a la Subcoordinación Nacional de Control Social un informe sobre la viabilidad de permitir nuevas veedurías ciudadanas en el concurso.

La presión externa no se ha hecho esperar. Colectivos como la Comisión Cívica —presentada públicamente el 3 de junio— han cuestionado las demoras en la designación del nuevo Fiscal, luego de la salida de Diana Salazar en abril de este año. El proceso se ha convertido en un foco de atención ciudadana por su impacto en la lucha contra la corrupción y la institucionalidad judicial.

Por ahora, se espera el pronunciamiento jurídico que marcará el rumbo del proceso. Mientras tanto, los gremios de abogados han solicitado ser recibidos por el Pleno del CPCCS para sustentar sus observaciones de forma directa.