Si, es absolutamente imprescindible fiscalizar exhaustivamente a la institucionalidad cultural de este país, tanto en el ámbito de la gestión cultural como en el manejo de los recursos económicos asignados y en la calidad y eficiencia del gasto público;  y sobre la responsabilidad de quienes han ejercido funciones burocráticas de distinto nivel por las cuales han percibido sueldos del erario nacional para contravenir deliberadamente, en unos casos, lo que la Constitución y las leyes obligan, o para simplemente omitir lo que estas mandan, con lo cual, se configura el delito de peculado, pues si a alguien como empleado público se le paga un sueldo para que cumpla lo que estos instrumentos legales mandan y hace todo lo contrario, está distrayendo o disponiendo arbitrariamente de dineros públicos en beneficio propio o de terceros, por una parte, y por otra, está apropiándose ilícita  e ilegalmente del dinero público que cobra mensualmente. Y, eso jurídicamente, está tipificado como peculado en el Código Orgánico Integral Penal. Y la institucionalidad cultural no está constituida únicamente por el Ministerio de Cultura, la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”,

las Secretarías de Cultura de Municipios y Consejos Provinciales, los departamentos o áreas de Patrimonio Cultural e Históricos de estos gobiernos seccionales descentralizados; sino también por las instituciones privadas o público-privadas que se han venido nutriendo de recursos públicos y que, no han rendido cuentas o han tenido la “habilidad” de conseguir “lavar” las apropiaciones de esos recursos o eludir la acción de la justicia comprando operadores públicos corruptos. Vean el Programa de TV Visión 360 dirigido por la periodista Tanía Tinoco, con investigación del periodista Hernán Higuera, sobre el Ballet Ecuatoriano de Cámara.

Y una Organización que debe rendir cuentas inmediatamente respecto de los millones de dólares que manejaba del Fondo Nacional de Cultura, FONCULTURA, del Ministerio de Cultura, y que a partir del 30 de diciembre de 2016 fecha de publicación de la Ley Orgánica de Cultura, a través de esta normatividad, se lo reemplazó por el Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación, y que a esa fecha tenía cerca de treinta millones de dólares,  es el Banco del Estado llamado así hasta el 30 de diciembre del 2015 en que se le cambió de denominación a Banco de Desarrollo del Ecuador. Ese Fondo estaba destinado a conceder préstamos Reembolsables y préstamos No Reembolsables a escritores, artistas y gestores culturales. Nadie sabe quienes son los beneficiarios de dichos préstamos. Nadie sabe los montos de esos préstamos. Nadie sabe si se han pagado o no los Reembolsables. Nadie sabe si los que recibieron los No Reembolsables cumplieron el objetivo para el cual los pidieron. Calculen a cuánto asciende el monto de ese Fondo en estos momentos. Lo que si se conoce como secreto a voces es que algunos beneficiarios vinculados estrechamente al poder hasta diciembre del 2023, se agasajaron alborozados con una gran cantidad de préstamos y de ingentes sumas de dinero.

Por otra parte, es absolutamente necesario que la actual Ley Orgánica de Cultura, sea reformada dentro del menor tiempo posible, con la participación activa de las personas que conocen de la actividad cultural, que tienen experiencia en el campo de la administración y gestión cultural, que saben del significado de la cultura de un pueblo en ese proceso histórico de reconocerse a si mismo, de valorar su identidad y de saber que el desarrollo cultural eleva el pensamiento y la sensibilidad de la sociedad. Este país, no cuenta con un plan de desarrollo cultural, pese a que en el 2007 se estructuró

un Plan que fue catalogado como uno de los mejores planes realizados en América Latina y que altos expertos de organismos culturales de la región se lo llevaron como modelo. Y eso es una necesidad imperiosa que se debe impulsar.

Es necesario sacar de esa ley el capítulo que se refiere a la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”. Desde el 2012, se han venido realizando elecciones fraudulentas y un sinnúmero de vivarachos, (hay unas pocas excepciones en las Provincias) sin representatividad alguna en el campo cultural, ni experiencia en el campo de la administración pública, eso si, ávidos de manejar los recursos de distinta naturaleza para beneficio propio o de sus agrupaciones políticas, se tomaron la institución con los votos de vendedores de películas, de discos, de revistas y libros viejos, de artesanías que ni siquiera eran artísticas, a quienes se los ha hecho pasar, en el famoso RUAC como “gestores culturales”, con la complicidad de algunos Ministros y Ministras, que desde el 2017 pasaron a ser parte de la Junta Plenaria de la Casa y han tenido unos ojos panorámicos para hacerse de “la vista gorda”. Con ese capítulo, han destruido la Casa. Esta Institución tiene que ser fiscalizada a fondo, pues allí el peculado desde el 2012, ha sido el pan de cada día. Algunas de las “auditorías” efectuadas por controladores administrativos y ciertos operadores de justicia bien “aceitados”, poco menos que los han felicitado. Y esto, no puede continuar.

Otro de los problemas graves que existen en el campo cultural, es el que se refiere a las piezas de los museos. Aquí tiene que hacerse una investigación exhaustiva, porque se afirma por parte de muchos ex trabajadores de algunos museos del país, que una gran cantidad de piezas de museos del Ministerio de Cultura, de los de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” y sus Núcleo Provinciales, y de otras instituciones públicas, se han sustraído, se han falsificado, y se han sacado del país; piezas valiosas del patrimonio nacional. Está bien que se quiera estructurar una red de museos y que se quiera construir un gran Museo para la capital de la República, como se ha ofrecido. Pero no puede dejarse de investigar lo ocurrido desde hace casi veinte años con los museos públicos de nuestro país, porque alguien tiene que parar este descomunal atraco que los anteriores gobiernos han dejado en la impunidad. Conozco que, algunos escritores, artistas y gestores culturales, se están agrupando en “veedurías culturales” a fin de accionar legalmente para que a través de los canales legales competentes y entre ellos la Secretaría General de la Integridad Pública se realicen las investigaciones correspondientes para que los responsables de la corrupción institucional cultural vayan a donde deber estar: en la cárcel. En buena hora.