La renuncia de Diana Salazar a la Fiscalía General del Estado ha encendido las alarmas en todo el país. La responsabilidad de designar a su sucesor recae ahora en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), una institución debilitada por escándalos y con una legitimidad en entredicho. ¿Podrá esta vez el Consejo actuar con independencia y evitar la captura política del cargo más codiciado por el poder?

En una entrevista con Ecuadorenvivo.com, el consejero David Rosero defendió la transparencia del proceso que está por iniciar. Aseguró que la designación no está en manos de los consejeros, sino de una Comisión Ciudadana de Selección compuesta por diez miembros: cinco delegados de las funciones del Estado y cinco ciudadanos. “Nuestra responsabilidad es vigilar el proceso y garantizar que se cumpla la normativa”, afirmó Rosero.

Sin embargo, los antecedentes pesan. Los intentos de injerencia desde el Ejecutivo en procesos anteriores —como el caso del asesor de Guillermo Lasso que envió una lista con los nombres de sus preferidos— alimentan las dudas sobre la verdadera independencia de este concurso. Rosero reconoció esas irregularidades y advirtió que esta vez, todos los delegados deben ser personas probas, sin vínculos con el poder político o económico.

Rosero enfatizó que la sociedad civil tendrá un rol clave. Más de 250 veedores ya se han inscrito para vigilar el proceso. “La ciudadanía está atenta. Lo que suceda en esta designación marcará el rumbo de la justicia en el Ecuador”, aseguró.

El debate va más allá. Se discutió también si el CPCCS debería seguir existiendo como función del Estado. Para Alfonso Pérez Serrano, conductor del programa, “el Consejo debe dejar de ser un poder más y volver a ser un canal de participación ciudadana, no una fábrica de cuotas políticas”.

Lo que está en juego no es solo un cargo. Es la credibilidad del sistema judicial. Es el freno —o la vía libre— para la impunidad y la persecución.