La experta en políticas públicas Karen Sichel advirtió este miércoles en el programa Contacto Directo que el proyecto de ley urgente para enfrentar las economías criminales se sustenta en una premisa riesgosa: que el país atraviesa un conflicto armado interno, cuando la Corte Constitucional aún no lo ha calificado como tal.

“El proyecto no regula un régimen constitucional ordinario, sino uno de conflicto, por eso apela al derecho internacional humanitario”, explicó Sichel, al señalar que esta perspectiva habilita al Estado a adoptar medidas más drásticas para combatir al crimen organizado. Sin embargo, alertó que varios artículos del proyecto contradicen convenios internacionales que son parte del bloque de constitucionalidad del país, como los de Ginebra de 1949.

Uno de los puntos más polémicos es la creación de un “bloque de seguridad” con amplias facultades, incluyendo allanamientos sin orden judicial en zonas determinadas por ellos mismos. Para Sichel, el proyecto no aclara cómo se integrará este bloque ni cómo se ejercerá control sobre sus decisiones. “Si bien se necesita una respuesta firme, no se pueden eliminar los controles democráticos. La Asamblea o la Corte deberían vigilar sus acciones cada tres meses”, propuso.

Otro artículo que considera inconstitucional es el que permite indultos anticipados a fuerzas del orden. “Ni siquiera en conflictos armados se dan este tipo de indultos por adelantado. Se otorgan sobre penas, no sobre intenciones”, afirmó.

Sichel enfatizó que el enfoque del proyecto se concentra casi exclusivamente en el fortalecimiento del aparato represivo del Estado, dejando de lado medidas estructurales para combatir la economía ilícita. “El título de la ley promete mucho, pero la propuesta se queda corta en institucionalidad, en lavado de activos, en ir tras los narcobrokers”, lamentó.

Finalmente, advirtió que experiencias de países como México y Colombia muestran que sin depuración en las filas de seguridad y sin políticas públicas integrales, “los abusos y la corrupción se disparan, y quienes más sufren no son los criminales, sino los ciudadanos”.