El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha planteado en el proyecto de Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno la posibilidad de otorgar indultos anticipados a miembros de las fuerzas del orden y otros individuos involucrados en operaciones contra grupos armados organizados. Según el artículo 26 de la propuesta, el mandatario podría conceder indultos incluso antes de que exista una sentencia condenatoria ejecutoriada, abarcando casos en etapa de investigación, instrucción o juicio.

La iniciativa establece tres supuestos específicos para la concesión de estos indultos:

1. Actuaciones en cumplimiento del deber durante operaciones de seguridad, defensa o mantenimiento del orden público frente a grupos armados organizados.
2. Enfermedades graves, catastróficas o terminales certificadas por la autoridad sanitaria competente.
3. Colaboración significativa con la justicia, contribución a la verdad o reparación integral del daño en el contexto del conflicto.

Expertos en derecho penal han expresado inquietudes respecto a la constitucionalidad de esta propuesta. El abogado penalista Nicolás Salas señala que el indulto, tradicionalmente, tiene un carácter humanitario y se aplica una vez que existe una sentencia firme. Modificar esta figura para permitir indultos preventivos podría contravenir la Constitución ecuatoriana.

El presidente Noboa ha manifestado públicamente su intención de respaldar a las fuerzas del orden mediante indultos. El 7 de marzo, tras un operativo en Nueva Prosperina, Guayaquil, afirmó en la red social X que todos los policías y militares desplegados en esa zona contaban “desde ya con indulto presidencial”. Posteriormente, el 11 de abril, anunció su disposición a indultar al policía Paco Nicolás Morales, procesado por abatir a un delincuente en Quito.

El proyecto de ley, enviado con carácter de urgencia económica, fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) el 19 de mayo y remitido a la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Esta comisión tiene un plazo máximo de diez días para presentar un informe para el primer debate legislativo.

La discusión en torno a la viabilidad y constitucionalidad de los indultos anticipados propuestos por el Ejecutivo continúa, mientras el Legislativo analiza la pertinencia de estas medidas en el marco jurídico ecuatoriano.