El ministro de Gobierno, José De La Gasca, aseguró este lunes que el Ejecutivo ha logrado conformar una mayoría legislativa “sin componendas”, al tiempo que defendió la transparencia de las negociaciones con diversas fuerzas políticas y llamó a la Asamblea Nacional a respaldar el proyecto de ley económica urgente para combatir las economías criminales, enviado por el presidente Daniel Noboa.

En una entrevista con el programa Punto de Orden, transmitido por Radio Centro y conducido por Carlos Vera, el ministro rechazó las declaraciones del asambleísta Alfredo Serrano, quien calificó de “componendas” los acuerdos alcanzados por el oficialismo. “Un dislate, la verdad. Las conversaciones han sido públicas, en lugares abiertos, y con total transparencia. Lo que pasó luego dentro de Pachakutik ya no es responsabilidad del Ministerio de Gobierno”, puntualizó.

El proyecto de ley, conocido informalmente como “Ley de Asfixia Criminal”, busca dotar al Estado de herramientas legales para enfrentar el conflicto armado interno y las economías ilegales vinculadas al narcotráfico y la minería ilegal. Según De La Gasca, se trata de adecuar el marco jurídico para actuar con eficacia ante la amenaza del crimen organizado, sin depender de estados de excepción continuos.

“Estamos enfrentando un conflicto armado interno, reconocido mediante decreto ejecutivo por el presidente Noboa y aprobado por unanimidad por la Asamblea. La Corte Constitucional nos ha dicho que no podemos vivir en un estado de excepción permanente. Por eso necesitamos reglas estables”, explicó el ministro.

Sobre el respaldo legislativo al proyecto, De La Gasca sostuvo que cada vez más asambleístas se suman al bloque oficialista ADN, incluidos independientes como Mónica Salazar y Samuel Cellery. “La ciudadanía exige una clase política que se alinee con el mandato expresado en las urnas, particularmente el 13 de abril. Este proyecto pondrá a prueba si las fuerzas políticas, incluida la Revolución Ciudadana, están del lado del pueblo o del crimen”, señaló.

Asimismo, cuestionó directamente a la bancada correísta: “Vamos a ver si siguen en la tozudez de hacerle el juego a las economías narcocriminales o si legislan a favor de los ecuatorianos para enfrentar este flagelo”.

El ministro también se refirió al futuro del llamado a una Asamblea Constituyente, una propuesta impulsada por el gobierno que por ahora, dijo, “no se descarta, pero tampoco se considera como primera opción”, debido a la apertura legislativa que ha permitido viabilizar reformas a través del Parlamento.

Sin embargo, el camino de la ley urgente no está libre de obstáculos. Juristas han advertido que varios artículos del proyecto podrían ser inconstitucionales, incluyendo disposiciones que asignan funciones judiciales a fuerzas de seguridad, crean mecanismos similares a un estado de excepción y permiten indultos preventivos. También se cuestiona su carácter de ley económica urgente.

Pese a ello, el Ejecutivo insiste en su urgencia. “No podemos postergar más las decisiones en materia de seguridad. Esta es una batalla contra el terrorismo y el crimen organizado transnacional. Necesitamos adaptar el marco legal ya”, concluyó De La Gasca.

La Asamblea Nacional tiene 30 días para tramitar el proyecto. La Corte Constitucional, por su parte, podría pronunciarse posteriormente si se presentan demandas de inconstitucionalidad. Mientras tanto, el debate político y jurídico sobre los límites del Ejecutivo y el rol de la mayoría legislativa continúa intensificándose.