La Corte Constitucional (CC) de Ecuador ha reiterado su disposición de convocar a las autoridades estatales para integrar una comisión interinstitucional encargada de abordar la violencia y el crimen organizado en el país. Esta medida busca evitar la prolongación de los estados de excepción, que han sido utilizados por el gobierno del presidente Daniel Noboa como respuesta a la creciente inseguridad.

La CC emitió un nuevo auto de seguimiento el 15 de mayo de 2025, debido al incumplimiento por parte del Ejecutivo y otras instituciones clave en la designación de sus delegados para la comisión. Hasta la fecha, solo la Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo y el Consejo de la Judicatura han enviado sus representantes. El presidente Daniel Noboa, así como los ministros de Interior, Defensa, Inclusión Económica y Social, Economía y Finanzas, el director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Comandancia General de la Policía Nacional y la Fiscalía General, encabezada por Diana Salazar, aún no han cumplido con esta disposición.

La creación de esta comisión fue ordenada por la CC tras la declaración de constitucionalidad del Decreto Ejecutivo 493, que estableció un estado de excepción por grave conmoción interna en varias provincias del país. La Corte subrayó la necesidad de generar políticas públicas coordinadas entre las distintas funciones del Estado para enfrentar de manera efectiva el problema estructural de la violencia y el crimen organizado.

El Ejecutivo ha solicitado a la Corte la modulación de esta sentencia, argumentando que la integración de la comisión interinstitucional excede las competencias del poder judicial. Sin embargo, la CC ha declarado improcedente este pedido, reafirmando su autoridad en la materia.

La situación actual refleja una tensión entre el poder ejecutivo y el judicial, en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en Ecuador. La falta de consenso y acción coordinada entre las instituciones estatales podría obstaculizar los esfuerzos para combatir el crimen organizado y garantizar la seguridad ciudadana.