La Fiscalía General del Estado abrió una investigación por el delito de terrorismo tras el asesinato de 11 militares en Alto Punino, provincia de Orellana, ocurrido la tarde del viernes 10 de mayo de 2025. El hecho es atribuido, preliminarmente, al grupo armado ilegal Comandos de la Frontera.

El Ministerio Público informó además que se realiza el reconocimiento de un cuerpo que pertenecería a un miembro de dicha organización, presuntamente involucrado en la emboscada contra las Fuerzas Armadas.

Los cuerpos de los militares caídos, luego de ser identificados y examinados en Medicina Legal de Lago Agrio (Sucumbíos), serán trasladados vía aérea a Quito.

Según datos de la Fiscalía, hasta abril de 2025 se han recibido 54 denuncias por terrorismo. Este delito, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), puede ser sancionado con hasta 30 años de prisión cuando causa la muerte de personas.

En paralelo, el Ejército ecuatoriano difundió imágenes del material incautado durante las operaciones posteriores al ataque. Entre las evidencias se encontraron generadores eléctricos, maquinaria usada en minería ilegal, recipientes, uniformes similares a los de uso militar y una gran cantidad de municiones de fusil.

Mientras tanto, el grupo Comandos de la Frontera ha negado públicamente su responsabilidad en el atentado. Sin embargo, el presidente Daniel Noboa decretó duelo nacional y prometió llevar ante la justicia a los responsables de la matanza.