Durante una entrevista en el programa Ecuadorenvivo, el abogado penalista Edison Carrillo, presidente de la Fundación Solidaridad y Justicia y vocero del Observatorio de Control Ciudadano, analizó jurídicamente los graves delitos que se desprenden de los chats y grabaciones del exconsejero Augusto Verduga, revelados por la Fiscalía General del Estado en el caso conocido como “Ligados”.

Carrillo afirmó que las evidencias prueban una clara “asociación ilícita para delinquir” entre miembros de la Revolución Ciudadana, exautoridades y aspirantes a cargos públicos. Según explicó, los delitos cometidos o en tentativa abarcan desde obstrucción a la justicia, tráfico de influencias, atentados contra la administración pública, hasta el ocultamiento de información relevante en casos de asesinato y corrupción institucional.

El penalista fue categórico al señalar que “Verduga, como funcionario público, tenía la obligación legal de denunciar cualquier delito del que tuviera conocimiento, y no lo hizo. Eso lo convierte en encubridor por omisión”. Agregó que los chats evidencian cómo se intentó manipular concursos públicos, como el de contralor general del Estado, presuntamente vulnerando cajas fuertes, alterando resultados y repartiendo cargos clave entre actores vinculados al correísmo.

En otro momento, Carrillo recalcó que estas acciones no son errores políticos, sino “delitos estructurados por una red mafiosa”, y que las propias reacciones de figuras como Luisa González —quien criticó a Verduga por “desleal”, pero no desmintió las grabaciones— constituyen una confesión tácita de los hechos.

Carrillo también cuestionó la legitimidad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), nacido en la Constitución de Montecristi, y propuso su eliminación en una eventual reforma constitucional. “Ese organismo fue creado para el control absoluto del poder, no para fortalecer la democracia”, sentenció.

Finalmente, destacó que la investigación del caso Ligados ya está en etapa de instrucción fiscal y llamó a la ciudadanía a informarse directamente desde las fuentes oficiales: “La Fiscalía ha publicado todos los audios, chats y transcripciones. Esto no es una opinión, es evidencia legal en un proceso penal en curso”.