El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) confirmó este 9 de mayo de 2025 la suspensión de los derechos políticos de Priscila Schettini, asambleísta electa por la Revolución Ciudadana (RC5), por un período de tres años. Esta decisión, que también afecta a la abogada Angélica Porras con una suspensión de dos años, se fundamenta en actos de violencia política de género dirigidos contra la fiscal general, Diana Salazar.

La resolución del TCE implica que Schettini no podrá asumir su cargo en la Asamblea Nacional, cuya posesión estaba programada para el próximo 14 de mayo. Además, se le impone una multa de 50 salarios básicos, equivalentes a USD 23.500.

El tribunal determinó que Schettini y Porras realizaron comentarios despectivos y con connotaciones racistas hacia la fiscal Salazar, incluyendo el uso de etiquetas como #LadyPlagio, #LadyImpericia y #LadyPaste en redes sociales. Estas acciones fueron consideradas como intentos de desacreditar y menoscabar la imagen personal y profesional de la fiscal.

Cabe destacar que Priscila Schettini es esposa de Freddy Carrión, exdefensor del Pueblo, quien cumplió una condena de tres años por abuso sexual. Schettini ocupaba el cuarto lugar en la lista de asambleístas de la RC5.

Con esta decisión, el TCE reafirma su compromiso en la lucha contra la violencia política de género y establece un precedente en la protección de los derechos de las mujeres en el ámbito político.