El Tribunal Supremo (TS) de España, en 2019, elevó 9 a 15 años de prisión la condena a los cinco hombres conocidos como “La manada”, al considerar que en los hechos ocurridos en las fiestas de San Fermín en 2016 sí hubo un delito continuado de violación por parte del grupo sobre una joven de 18 años. El TS considera incorrecta la calificación jurídica de las anteriores sentencias porque el relato describe un “auténtico escenario intimidatorio, en el que la víctima en ningún momento consiente a los actos sexuales llevados a cabo por los acusados”.

Según la sentencia, los cinco amigos llevaron de madrugada a la víctima, una madrileña de 18 años en estado de ebriedad, a un portal “recóndito y angosto”, con una sola salida, “valiéndose de su superioridad física y numérica” y de la “imposibilidad” de la joven de “ejercer la más mínima resistencia” y la violaron.

En Cayambe dos adolescentes fueron violadas por cinco hombres, cuatro de ellos docentes, jóvenes, miembros de la Unidad Educativa Municipal Cayambe. Es el caso de la Manada de Cayambe, una violación grupal. Una de las adolescentes logró escribir un mensaje de texto. Su familia cerca de las 11 de la noche logra, por el GPS, identificar el lugar donde se encontraban las dos adolescentes. Estaban en un auto de uno de los docentes. Él se llama Brian.  

B, “quien fue capturado en delito flagrante, escondido en la parte trasera de un vehículo junto a las víctimas”. A pesar de esto, la prisión preventiva se dictó no por el presunto delito sexual, sino por el incumplimiento de medidas cautelares. El abogado defensor de Brian T, señala que en el expediente fiscal no existen pruebas de uso de alcohol o drogas. “No lo digo yo”, dice el abogado.

El hecho ocurrió el pasado 28 de febrero, los docentes seguían acudiendo a clases. El análisis médico confirmó la violación y uno de los violadores tomó contacto con una de las víctimas a quien le presionó para que retiraran la denuncia. La comunidad educativa no actúo en favor de la víctima, también es cómplice de impunidad. Incluso se organizó un “pollo solidario” en favor de los victimarios. Recién el 15 de abril fueron detenidos. En la audiencia de flagrancia a los agresores no se les dictó prisión preventiva, cuando es una medida necesaria en casos de violencia de género. La Fiscalía puso en curso la impunidad. Se puso en duda la capacidad mental de las adolescentes para rendir testimonio.

La violación es una construcción hegemónica que proviene de la percepción masculina “del consentimiento para que ciertas conductas puedan presentarse como violación sexual o no” (MacKinnon, 1987). Desde ese análisis, la violación es “cualquier forma de sexo forzado impuesto por un individuo con poder de intimidación sobre otro […] el uso y abuso del cuerpo del otro, sin que éste participe con intención o voluntad comparables” (Segato, 2003). En este delito acontece un desplazamiento de poder hacia la sexualidad basado en la fuerza física, porque denota un acto de subordinación de las mujeres a los hombres, en el marco de la estructura societaria genérica y, por lo tanto, en la distribución de poder que opera (MacKinnon, 1987). Lo anterior, se suma a la objetivación que se hace del cuerpo de la mujer, que posibilita al agresor restar o ignorar para sí mismo la gravedad de su acto. En ese marco, según Segato (2003), la violación permite a aquél ejercer su masculinidad ante sus pares. La percepción de las mujeres como objetos disminuye la culpa en los violadores sentenciados, la mayoría, en realidad, considerados personas normales.

Pero “una violación no es nunca solo una violación por más que la víctima la viva lógicamente como única y absolutamente personal. Una violación, y el consiguiente juicio y tratamiento social son un reflejo de la historia de las relaciones entre hombres y mujeres y un reflejo social, simbólico, material, jurídico, mediático etc., de la posición de mujeres y hombres en una sociedad dada”.

La cultura de la violación que permea la sociedad y al ejercicio de lo que Barjola denomina microfísica sexista del poder. Pareciera que el relato, al menos de la Fiscalía pone el foco en la víctima, la superviviente, la denunciante, en lugar de centrarse en los hechos y en los agresores.

Segato (2023), dice “He argumentado insistentemente, a partir de mi investigación con presos condenados por violación, que el violador no es un ser anómalo en la sociedad y que su crimen se perpetra “en compañía” y promovido, exigido, por un mandato, que llamo “mandato de masculinidad. Por lo tanto, dejar ingresar aquí el modelo patologizante es un error que nos desvía de las soluciones para el problema. La violencia de género no es una patología sino un patrón social derivado de un orden político subyacente, el orden de género o patriarcado”.

A la mujer se le comunica una lección moral: la mujer es sospechosa de inmoral desde el comienzo de los tiempos, y la violación le castiga por desobediente. A los otros hombres, la violación les comunica la potencia. La masculinidad, para mantenerse, tiene que confirmarse por los interlocutores masculinos y, para ello, necesita exhibirse. Crímenes como las violaciones en grupo muestran la existencia de una masculinidad progresivamente precarizada.

Se re victimiza a las supervivientes al hacer recaer sobre ellas la culpa de la violencia que reciben. Las mujeres víctimas de violación han sido agredidas en más de dos ocasiones: por el agresor, por las instituciones y por la opinión pública, al no dar credibilidad a sus relatos. Cuando hablamos de delitos contra la libertad sexual debemos conceptualizarlos desde una interpretación que atienda a las relaciones de poder entre varones y mujeres fruto de la estructura patriarcal. La violencia sexual es violencia contra las mujeres. Asimismo, la libre elección no puede darse en situaciones en las que se produce la dominación sobre un individuo, porque su comportamiento está condicionado por el contexto; en este caso por el miedo (Ekman, 2017).

En la legislación penal ecuatoriana, el consentimiento no es válido en un caso de violación cuando la víctima es menor de 18 años. La Manada de Cayambe, nos delata como una sociedad atrapada en el horror de las violencias contra las mujeres. Más de 52 mil casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en Ecuador, entre 2018 y 2023, sólo el 4% recibió sentencia. La Manada de Cayambe, enciende todas las alarmas.