Durante la segunda reconstrucción de los hechos del caso Malvinas, realizada el 27 de abril de 2025, cuatro de los 17 militares procesados por presunta desaparición forzada admitieron haber golpeado, amenazado y sometido a maltratos físicos a los menores Ismael y Josué Arroyo, Saúl Arboleda y Steven Medina, de entre 11 y 15 años de edad.

Según los testimonios, los militares utilizaron correas, golpes de puño, patadas y llaves de lucha para agredir a los niños, quienes fueron mantenidos arrodillados con las manos en la nuca durante varios minutos. Incluso, uno de los adolescentes sufrió una herida en la cabeza producto de los golpes. Además, se conoció que los uniformados realizaron disparos al suelo para intimidarlos.

Los hechos se reconstruyeron en la vía Durán–Tambo, donde cuatro militares –Christian Eduardo A. Q., Carlos Xavier E. M., Nelson Oswaldo S. Z. y Juan Francisco I. M.– participaron en la diligencia judicial. Todos ellos cumplen prisión preventiva.

El caso se remonta al 8 de diciembre de 2024, cuando los cuatro menores desaparecieron tras ser detenidos en un operativo militar en el sector de Las Malvinas, en el sur de Guayaquil. Posteriormente, y tras una intensa presión mediática, los cuerpos de los niños fueron encontrados sin vida.

Aunque versiones de testigos señalan que miembros de bandas criminales, identificados por los alias ‘Momo’, ‘Ñato’, ‘Danny’ y ‘Ruco’, habrían trasladado a los menores en un bote hacia un manglar y ordenado la incineración de sus cuerpos, los abogados de las familias de las víctimas insisten en que la responsabilidad de los militares sigue vigente.

El Comité por los Derechos Humanos, representado por el abogado Fernando Bastidas, sostiene que los militares incurrieron en desaparición forzada al detener a los menores sin presentarlos ante las autoridades, trasladarlos fuera del cantón y luego abandonarlos en condiciones no esclarecidas.

Billy Navarrete, también miembro del Comité, recordó ante la Asamblea Nacional que el hallazgo de los cadáveres no elimina el delito de desaparición forzada, sino que agrava la situación. Actualmente, se siguen dos procesos judiciales: uno por desaparición forzada contra los militares y otro para determinar a los responsables de la muerte de los menores.