El presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy, defendió ante la Corte Constitucional (CC) la decisión de crear judicaturas especializadas en materia constitucional únicamente en las provincias con alta carga procesal, como Guayas y Pichincha, donde se concentra el 44 % de estas causas a nivel nacional.

La medida, formalizada mediante la Resolución 006-2025, ha sido cuestionada mediante una acción de inconstitucionalidad (N.- 12-25-IN). Sin embargo, Godoy aseguró que está plenamente respaldada por la Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ).

“No se justifica una cobertura nacional en este momento”, señaló Godoy, al explicar que, por ejemplo, Galápagos solo registró 63 causas constitucionales entre 2021 y 2024, lo que representa un promedio anual de apenas 15,75 casos.

Según datos presentados por la Judicatura, solo el 2 % de los procesos ingresados a nivel nacional en 2024 corresponden a materia constitucional, lo que limita la necesidad de crear estructuras judiciales especializadas en todas las provincias.

Godoy aseguró que no se ha alterado el procedimiento para el ejercicio de garantías constitucionales. Se mantiene la competencia territorial, conforme al artículo 86 de la Constitución, y se ha fortalecido el acceso a la justicia mediante tecnologías como notificaciones electrónicas, firma digital y audiencias virtuales.

La resolución incluye una disposición transitoria que obliga a reevaluar el modelo después de un año de implementación, con base en nuevos datos técnicos.

Finalmente, Godoy remarcó que el CJ actúa conforme al mandato popular y a los principios de eficiencia y eficacia establecidos en el artículo 227 de la Constitución.