Una propuesta que parecía tener luz verde terminó estrellándose contra el escritorio del presidente Daniel Noboa. A pesar de haber sido aprobada por una abrumadora mayoría en la Asamblea Nacional —122 votos a favor—, el proyecto de Ley de Servicio Militar Voluntario, Reservas e Identificación Militar fue vetado en su totalidad por el Ejecutivo el 18 de marzo de 2025.

El presidente alegó que la normativa impulsada por el legislador Pedro Velasco es inconveniente de fondo y forma. Entre los argumentos presentados por el Gobierno, se destaca que el proyecto no establece con claridad cuáles serían los derechos, deberes, obligaciones y limitaciones de quienes ingresen al servicio cívico militar voluntario o pasen a las reservas.

“El texto deja vacíos jurídicos que podrían vulnerar el derecho a la defensa de los ciudadanos”, advirtió el Ejecutivo. Según el veto, no se puede sancionar a una persona sin que esta conozca las reglas del juego ni sin posibilidad de defenderse adecuadamente.

Pero los problemas no terminan ahí. Otro punto crítico señalado por Noboa es que la ley no explica de dónde saldrá el dinero para financiarla. Aunque la Asamblea planteaba que los beneficios se cubrirían con el presupuesto del Ministerio de Defensa, el presidente fue enfático: no se puede imponer una nueva carga económica sin definir claramente la fuente de financiamiento.

“Crear una obligación financiera sin respaldo afecta la ejecución del presupuesto del Estado”, sostuvo el Gobierno.

Así, el Ejecutivo pone freno a una ley que pretendía reestructurar el sistema de servicio militar voluntario, pero que —según Noboa— nació con fallas que podían costarle caro al país.