El derrame de más de 25.000 barriles de petróleo en Esmeraldas, ocurrido el pasado 13 de marzo debido a la rotura del oleoducto estatal SOTE, sigue afectando a miles de personas. Un informe de la ONU revela que el 31% de las familias damnificadas se vio obligada a abandonar sus hogares, refugiándose en casas de familiares, amigos o albergues temporales.

Según el estudio de la Unidad Conjunta para el Medio Ambiente y el Departamento de las Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación de Desastres (UNDAC), 113.000 personas han sido afectadas, de las cuales 57.000 son mujeres y 44.000 niños y adolescentes. Además, se reporta un incremento en enfermedades respiratorias y gastrointestinales, especialmente en menores de edad, mujeres embarazadas y adultos mayores.

Mientras el gobierno continúa con la entrega de compensaciones económicas, Petroecuador ha transferido más de 2,1 millones de dólares para el pago de indemnizaciones a las familias afectadas. Sin embargo, aún persisten problemas de acceso a agua potable, contaminación de ríos y daños en la producción agrícola y pesquera.

En cantones como Rioverde, donde la pobreza alcanza el 91% de la población, la crisis se agrava debido a la falta de alimentos y fuentes de ingreso. Además, más de 4.500 personas dedicadas a la pesca han visto afectada su economía tras el desastre ambiental.

A pesar de los esfuerzos por normalizar el suministro de agua en algunas zonas, la contaminación persiste en ríos y playas, dificultando la recuperación de las comunidades afectadas. Autoridades y organismos internacionales advierten que la emergencia ambiental podría tener consecuencias a largo plazo en la salud y el bienestar de los habitantes de la región.