La asambleísta Nataly Morillo compareció ante la Fiscalía para rendir su versión sobre la denuncia presentada contra la legisladora de la Revolución Ciudadana, acusada de generar alarma sobre la economía del país.

La legisladora de ADN, Nataly Morillo, acudió este 7 de abril a la Fiscalía General del Estado para ratificar la denuncia contra la asambleísta Paola Cabezas, de la Revolución Ciudadana (RC), por el presunto delito de pánico económico. Morillo realizó el reconocimiento de firma y rindió su versión libre y voluntaria sobre el caso.

Acompañada por el abogado y asambleísta alterno Luigui García, Morillo sostuvo que las declaraciones de Cabezas han generado preocupación en la ciudadanía, ya que podrían interpretarse como una amenaza a la estabilidad económica del país. García explicó que el delito de pánico económico, tipificado en el artículo 307 del Código Orgánico Integral Penal, sanciona actos que alarmen a la población y provoquen posibles afectaciones en el sistema financiero.

El abogado argumentó que las declaraciones de la legisladora de RC podrían incluso desincentivar el envío de remesas al Ecuador, un factor clave en la economía nacional. También destacó que este supuesto delito se habría cometido en pleno proceso preelectoral y que su impacto podría ser significativo en el panorama político y económico del país.

Por su parte, Morillo insistió en que la Revolución Ciudadana mantiene una postura contraria a la dolarización y que ADN, bajo el liderazgo del presidente Daniel Noboa, está comprometido en su defensa. “No vamos a permitir que la dolarización sea puesta en riesgo”, afirmó.

Asimismo, recordó que figuras del correísmo, como Rafael Correa y Ricardo Patiño, han expresado en el pasado posturas críticas hacia el sistema monetario ecuatoriano y han promovido acercamientos con gobiernos como el de Nicolás Maduro, en contraste con la relación con Estados Unidos.

Morillo concluyó que las recientes declaraciones de líderes de RC servirán como sustento para la denuncia contra Paola Cabezas, en la que se busca determinar si incurrió en el delito de pánico económico. La Fiscalía, según explicó García, tiene hasta dos años para investigar el caso antes de formular cargos, si encuentra los elementos suficientes.