Diana Salazar está a pocas horas de concluir su periodo como Fiscal General del Estado, que finaliza la medianoche del 8 de abril de 2025. Sin embargo, la demora en el proceso de selección de su reemplazo por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) abre la posibilidad de que continúe en funciones prorrogadas.

La falta de avances en el concurso de méritos y oposición, a cargo del Cpccs liderado por Andrés Fantoni, ha generado incertidumbre sobre el futuro inmediato de la Fiscalía.

¿Bajo qué mecanismo podría prorrogarse su gestión?

Fuentes del Cpccs indican que una autoridad designada por concurso no puede extender su periodo por voluntad propia. Para ello, se requeriría un aval de la Procuraduría General del Estado (PGE), entidad encargada de emitir criterios sobre la legalidad de la prórroga.

En caso de que la Procuraduría apruebe la extensión, también se prolongaría la función del fiscal subrogante, Wilson Toainga.

El artículo 283 del Código Orgánico de la Función Judicial establece que el Fiscal General no puede ser reelegido y que, una vez concluido su periodo, podrá mantenerse en funciones hasta la designación de su sucesor.

Casos anteriores de prórroga

Si la Procuraduría respalda la permanencia de Salazar, su caso seguiría el precedente de otras instituciones como el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Consejo de la Judicatura, cuyos vocales permanecieron en funciones más allá de sus periodos tras recibir el aval de la PGE.

En noviembre de 2024, los vocales del CNE fueron prorrogados con el argumento de que el país estaba en proceso electoral y requería estabilidad. De manera similar, el 27 de enero de 2025, la Procuraduría autorizó la extensión de funciones del Consejo de la Judicatura mientras se designaban sus reemplazos.

Crisis en el Cpccs y retrasos en la designación del nuevo Fiscal

El proceso de selección del próximo Fiscal General quedó estancado luego de que el Cpccs aprobara, el 14 de febrero de 2025, un cronograma de inducción para 542 veedores encargados de supervisar la elección.

Sin embargo, la entidad se ha visto envuelta en controversias, incluyendo investigaciones por presunta asociación ilícita contra varios vocales, lo que ha agravado los retrasos.

Ante este escenario, el vocal del Cpccs Gonzalo Albán ha anticipado que la prórroga de Salazar es inevitable debido a la falta de tiempo para completar el proceso de selección. También advirtió que esta situación podría replicarse en otras instituciones, como el Tribunal Contencioso Electoral y la Defensoría del Pueblo.