Este lunes, 31 de marzo de 2025, finaliza la etapa de instrucción fiscal de 90 días en el caso conocido como Las Malvinas, que involucra la desaparición de cuatro menores de edad: Josué, Ismael, Nehemías y Steven, ocurrida el 8 de diciembre de 2024. Los menores fueron detenidos por 16 militares en la avenida 25 de Julio, en el sur de Guayaquil.

Durante los tres meses de investigación, se tomaron los testimonios de los padres de los menores, de un testigo clave que prestó su celular en la parroquia de Taura para que los chicos pudieran pedir ayuda a sus padres, y de dos adolescentes que presenciaron la aprehensión de los jóvenes. Además, se realizó una reconstrucción de los hechos el 16 de marzo, que permitió identificar el lugar donde los uniformados afirmaron haber liberado a los menores, un camino de segundo orden en Naranjal, cerca de la parroquia Taura.

Los 16 militares procesados detallaron sus versiones de los hechos durante esta diligencia, que duró 11 horas. Mientras tanto, sus abogados interpusieron un recurso de apelación contra la prisión preventiva, que fue rechazado. Además, dos de los uniformados solicitaron la revisión de medidas, argumentando que no habían alterado pruebas ni cometido fraude procesal, aunque durante la audiencia de formulación de cargos se reveló que un teniente coronel de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) habría tenido conocimiento del caso y, junto con otros implicados, habría ido al lugar donde los menores fueron dejados, recolectando ropa y entregándola a los agentes policiales tres días después de la desaparición.

El abogado de la defensa de los derechos humanos, Abraham Aguirre, indicó que el fiscal podría solicitar la vinculación de este alto oficial al caso. De hecho, el 30 de marzo, el fiscal solicitó la audiencia de vinculación del teniente coronel Juan Francisco I., citando “suficientes elementos de convicción” para sustentar su implicación en los hechos. Esta posible vinculación podría extender el plazo de la instrucción fiscal.

Al cierre de esta fase, el fiscal aún espera los informes de las pericias de audio y video solicitadas, que incluyen los análisis de las cámaras de vigilancia de la Base de Taura y de la avenida 25 de Julio, así como los datos obtenidos de los celulares de los 16 militares, incautados durante un allanamiento en el recinto militar. También se espera el informe final sobre las autopsias de los restos encontrados en el manglar en diciembre de 2024. Según el informe forense, la muerte de los menores fue violenta, con un disparo en la cabeza de uno de los adolescentes y lesiones por un golpe contundente en otro, lo que coincide con el testimonio de un testigo clave.

Además, el informe de autopsia reveló que los cuatro menores fueron dejados desnudos, un acto que la defensa de las familias calificó como “exposición sexual” y “tortura”.

Con la finalización del plazo de instrucción, el fiscal ahora deberá solicitar al juez la fecha y hora para la audiencia preparatoria de juicio. En esta etapa, el fiscal presentará todas las pruebas recopiladas durante los 90 días, incluidas las autopsias, los testimonios, los videos y otros elementos. Tras esta diligencia, el juez evaluará las pruebas y decidirá si se procede a juicio contra los 16 militares.

Investigación paralela por secuestro con muerte

Aparte de la desaparición forzada, se abrió una indagación preliminar por secuestro con muerte, luego de que durante la audiencia de formulación de cargos surgiera el nombre de alias Momo, un supuesto cabecilla de la banda Los Águilas en Taura, quien habría ordenado la retención, asesinato y quema de los menores. Aunque no se ha detenido a nadie en este sentido, el abogado Aguirre destacó que los militares no cumplieron con los procedimientos legales y que los menores fueron llevados a una zona de alto riesgo, conocida por su vinculación con la delincuencia organizada.

Mientras no se formalicen cargos contra un sospechoso en este aspecto, el caso se mantiene bajo reserva y no pasará a la instrucción fiscal.