La Fiscalía General del Estado formuló cargos por presunta asociación ilícita contra los exconsejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) Eduardo Franco Loor, Augusto Verduga, Yadira Saltos y la actual consejera Nicole Bonifaz.

La acusación fue presentada por el fiscal subrogante Wilson Toainga el 15 de marzo de 2025, y se basa en el artículo 370 del COIP.

El juez Marco Aguirre dictó medidas cautelares que incluyen presentación periódica cada quince días y prohibición de salida del país para los implicados, pese a que Verduga se encuentra actualmente en la clandestinidad.

La denuncia que originó el proceso fue presentada por el superintendente de Bancos, Roberto Romero von Buchwald, debido a que su nombramiento fue desconocido por el Cpccs, que en su lugar designó a Raúl González.

La Fiscalía sostiene que los acusados, identificados como parte de la llamada “Liga Azul”, afín al correísmo, habrían actuado de manera coordinada para controlar entidades del Estado mediante el nombramiento de autoridades aliadas, con el objetivo de favorecer a su corriente política y garantizarse impunidad.

Durante la audiencia, Toainga presentó como prueba información encontrada en los celulares incautados a Verduga, la cual, según la Fiscalía, evidencia acciones coordinadas del grupo para influir en decisiones judiciales, dilatar procesos electorales y mantenerse en el poder mediante presuntas maniobras ilegales y tráfico de influencias.

El caso fue denominado “Ligados” y representa uno de los más recientes procesos judiciales relacionados con el correísmo.