La Fiscalía General del Estado abrió una investigación previa por el presunto delito de peculado en la compra de chalecos y cascos para las Fuerzas Armadas, un contrato estatal de USD 34,2 millones a cargo del Ministerio de Defensa.
Tras el inicio de la indagación, la Contraloría General del Estado desistió de su solicitud a la Asamblea Nacional para levantar la reserva del contrato y realizar un examen especial. Esto provocó que el Legislativo no tratara el tema la noche del jueves 13 de marzo, y la presidenta del Parlamento, Viviana Veloz, diera por concluido el debate y suspendiera la sesión.
Las adquisiciones, que debían incluir chalecos con un blindaje especial, han sido cuestionadas por presuntas irregularidades. Se reporta que los implementos no cumplirían con los estándares de seguridad exigidos y que la empresa proveedora, High End Defense Solutions, figura como contratista incumplido.
En el marco de este escándalo, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, compareció ante la Asamblea en sesión reservada para explicar detalles sobre la compra.
La investigación previa no es aún un proceso penal. En esta etapa, la Fiscalía reúne pruebas para determinar si existen elementos suficientes para formular cargos y continuar con la judicialización del caso.
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