El rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, César Montaño Galarza, ha sido ha sido reconocido por la 𝗖𝗼𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗱𝗼𝗿𝗮 𝗔𝗻𝗱𝗶𝗻𝗮 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝗗𝗲𝗿𝗲𝗰𝗵𝗼𝘀 𝗛𝘂𝗺𝗮𝗻os por su incansable trabajo en defensa, promoción y reivindicación de los derechos humanos en Ecuador.

Es PhD en Derecho, abogado, y Doctor en Jurisprudencia; Especialista Superior en Tributación, Magíster en Derecho Económico con mención en Relaciones Económicas Internacionales.

Él conversó con Ecuador En Vivo sobre los DD.HH. en este país y en medio de los estados de excepción.

¿Cómo ve en la actualidad el panorama de los derechos humanos en Ecuador?

Obviamente veo ese panorama con preocupación, puesto que diversos informes, estudios y eventos recientes proveen mucho material para analizar y llamar la atención sobre los riesgos que enfrentan los derechos humanos, como también sobre las afectaciones que esto causa a la democracia.

A esto, en concreto debe añadirse la crisis humanitaria generada por migraciones forzadas e incluso como derivación de medidas tomadas por autoridades de otros países, como puede ser el caso del nuevo Gobierno norteamericano.

En general, con esa información se alerta sobre un aumento importante de la violencia y la inseguridad, asociado a factores políticos que pueden presentarse -entre ellos, autoritarismo, pobre institucionalidad, irrespeto al sistema de justicia, la delincuencia organizada, la militarización de las calles y cárceles. Otros campos que generan alarma y me preocupan sobremanera, son los de los derechos de las mujeres y de grupos diversos.

Es muy complejo hablar del respeto a los derechos humanos en un país tan desigual como este.

Es claro que la desigualdad en sus diversas expresiones coadyuva para que no cristalicen los derechos humanos. Además, se trata de una dificultad estructural, especialmente debido a falta de visión y decisión política de sucesivos gobiernos y autoridades. En el país existe desigualdad económica por una defectuosa distribución de la riqueza, también por el alto desempleo y subempleo, lo que incluso hace que muchísimos trabajadores carezcan de seguridad social.

A esto se agrega la desigualdad en el acceso a la educación de calidad y en el campo de la salud, por lo que persisten disparidades en las zonas urbanas y rurales y, en las comunidades indígenas y afroecuatorianas.

La desigualdad de género es otro ámbito preocupante, lo que afecta en lo laboral, la educación y en lo político; esto se complementa con la violencia de género con altos índices de feminicidios y abuso doméstico. Se puede citar también la desigualdad territorial y, la desigualdad étnica por causa de discriminación. En nuestro país aún tenemos tareas pendientes y desafíos enormes para mitigar la desigualdad.

¿En medio de los estados de excepción y de la declaración de conflicto armado interno, cómo se deben proteger los derechos humanos en el país?

La situación actual del país es grave; pese al estado de excepción y la declaración de conflicto armado interno, en el marco de un estratégico balance, deben seguirse respetando los derechos humanos, su protección y garantías deben permanecer.

Los derechos humanos se pueden proteger con diversas estrategias, como: cumplimiento de la normativa internacional de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario; contando con cooperación internacional y buenas prácticas comparadas, con medidas de excepción temporales y proporcionales a la situación que las justifica y, que deben respetar las libertades fundamentales.

Se debe proteger los derechos de las comunidades indígenas y afroecuatorianas y, comunidades vulnerables; debe cumplirse la prevención de abuso por parte de las fuerzas de seguridad, bajo estrictos protocolos de actuación, con supervisión independiente, evitando a toda costa detenciones arbitrarias, tortura y ejecuciones extrajudiciales.

Además, las víctimas de violación de derechos humanos deben tener acceso a la justicia; debe cumplirse la rendición de cuentas ante organismos internacionales especializados; y fortalecer la educación en derechos humanos. Todo esto puede cumplirse con decisión política, participación ciudadana y mirada integral del problema.

Usted ha sido reconocido por su lucha en favor de los DD.HH. ¿Cómo se concreta ese trabajo de la academia?

Desde los inicios de mi carrera académica hace tres décadas, siempre fue una de mis preocupaciones más evidentes la necesidad de cuidar y defender los derechos humanos, lo hice, sobre todo, evidenciando y proyectando vínculos e intersecciones a veces no tan evidentes, entre distintas disciplinas jurídicas, que hallan muchas de sus respuestas y razones fundamentales en la protección de los derechos.

Es por esto, que prácticamente desde 1995 inicia mi trabajo académico aterrizado en múltiples investigaciones y publicaciones relacionadas con la ciencia jurídica, los derechos, la economía, tanto en una proyección local o nacional, como en la internacional y en el contexto de la integración andina, en este último espacio, entre otras cosas, fui parte del equipo que elaboró la Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos (2002), que es un instrumento esencial en la materia, el cual marcó un hito a nivel regional.

Destaco también el apoyo permanente que realizo a programas académicos, cursos muy diversos y múltiples actividades en Derechos Humanos, un ejemplo en este sentido, es el impulso constante al Programa Andino de Derechos Humanos de nuestra casa de estudios.

¿Quizá ese espíritu se acentuó cuando fue perseguido por el correísmo que quería nombrar a un rector afín a él y destituirlo a usted ilegalmente?

Siempre he tenido un especial interés por el estudio y la defensa de los derechos humanos. Lamentablemente, a lo largo de los años constatamos que para el poder el cuidado de los derechos de las personas muchas veces es algo marginal o funciona como la excepción a la regla, cuando debería ser lo contrario. Violencia, acoso y persecución también sufrí en carne propia cuando el correísmo no aceptó mi elección mayoritaria legítima como rector de la Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador, en octubre de 2015.

El poder de turno me desconoció como rector, para lo cual utilizó algunos mecanismos fraguados desde el terreno de la irracionalidad, la antijuricidad y el abuso del derecho. Retorné al rectorado en 2018 por una sentencia histórica de la Corte Constitucional.

Fue una época dura en términos personales, como también para la propia Universidad y su comunidad al sentir la negación de la autonomía universitaria, de su autodeterminación al elegir democráticamente la máxima autoridad de la casa de estudios.

A partir de este impresentable y arduo episodio superado con fortuna, mi convencimiento por la defensa de los derechos humanos solo aumentó. Ahora, lo hago no solo como docente e investigador, sino también como autoridad universitaria impulsando muchas iniciativas, programas académicos y proyectos sobre la materia, los cuales cubren derechos humanos en general, de las mujeres en particular y, de la naturaleza.