Para que las dictaduras perpetuas lleguen a un infeliz final, es necesario una guerrita civil interna que cambie el destino de sus pueblos. El caso de Siria es el más representativo. Allí, los rebeldes sirios lograron poner fin a la dictadura perpetua de Bashar al-Assad. Este dictador abandonó su palacio de Damasco y fue a parar en el regazo del Kremlin el pasado 8 de diciembre de 2024, luego de graves enfrentamientos iniciados en el año 2011, lo que produjo el éxodo más grande de su historia, aparte de los miles y miles de muertos.

Lo que sucedió en Bolivia, en el año 2019, no llegó a tales extremos como en Siria; sin embargo, la ira popular boliviana puso freno a la perpetuidad de Evo Morales Ayma, indígena de ascendencia uru – aimara, quien asumió el mandato en enero de 2006, junto a su binomio Álvaro García Linera, representante de la insurgencia indígena cocalera y ex miembro del ejército guerrillero Túpac Katari. En aquel entonces, el Movimiento al Socialismo, MAS, alcanzó el 53.7 % de los votos, dando luces a sus vínculos políticos –por demás estrechos- con Fidel Castro y Hugo Chávez.

Con el súbito “giro a la izquierda”, Morales empezó con la nacionalización de los hidrocarburos, las recaudaciones tributarias y las remesas, dando paso a lo que llamó el “milagro económico”; todo esto, bajo el sello de la descolonización y el Suma Qamaña, o “vivir bien”. La Constitución de 2009 le permitió cambiar el nombre histórico de República de Bolivia por Estado Plurinacional de Bolivia; además, la fuerte influencia de Cuba y Venezuela fue tal, que la ruptura con Estados Unidos no se hizo esperar. En 2008, el presidente boliviano expulsó al embajador estadounidense Philip Goldberg, a pretexto de una presunta conspiración. Esto motivó a la participación más activa del país andino en las dos organizaciones regionales de agonía perpetua: Unasur y ALBA.

Lo que vino después en las contiendas electorales fueron los triunfos anticipados de Morales, hasta que el pueblo boliviano fue convocado a un referéndum en febrero de 2016, cuya pregunta central fue la reelección presidencial indefinida, a lo que la población respondió con un “no” del 51.3 %, respuesta popular que no sirvió de nada, ya que el Tribunal Constitucional Plurinacional dio luz verde a la candidatura de Morales en las elecciones de 2019, con el argumento de que el Pacto de San José de Costa Rica estaba sobre la Constitución boliviana, en el sentido de que la candidatura del presidente cocalero era un “derecho humano”.

La causa de los graves conflictos -en octubre de 2019- no fue el triunfo de Morales, con el 47 % frente al 36,5 % de su contendor, Carlos Mesa. La causa del conflicto fue el fraude. De esto, la OEA sacó a la luz el tema de las actas físicas con alteraciones y firmas falsificadas; pero lo más peligroso: “la manipulación del sistema informático y el irrespeto a la cadena de custodia de las actas” (BBC News Mundo, Redacción, 2019).

Efectivamente, el Informe Final de Integridad Electoral, documento de 95 páginas, elaborado por los organismos responsables de la auditoría de la OEA, publicado el 5 de diciembre de 2019, dio a conocer cuatro hallazgos que encendieron las alarmas:

1. Sistema de transmisión de resultados y cómputos finales “viciados”
2. Manipulación, falsificaciones y adulteraciones de actas en seis departamentos
3. Cadena de custodia deficiente
4. Desconfianza en las actas de cómputo

Lo grave de aquellos enfrentamientos –a causa del fraude- dejaron como saldo 36 muertos, 804 heridos y la salida del presidente indígena cocalero. Empero la ganancia electoral posterior de Arce, su seguidor, hizo posible el retorno apoteósico de Morales, bajo una sombra de venganza y poder tras el trono.

Ojalá que: lo que pasó en Bolivia, se haya quedado en Bolivia. Veamos qué pasará por acá, en la Mitad del Mundo. El 13 de abril tiene la palabra.0