La Corte Constitucional negó la iniciativa del presidente Daniel Noboa de establecer la prisión preventiva obligatoria como medida contra el crimen organizado. El dictamen, elaborado por el juez Richard Ortiz, fue aprobado por siete jueces, mientras que dos se opusieron.

En su resolución, la Corte determinó que la propuesta “no es apta” para reformar la Constitución, argumentando que impone una restricción injustificada a la presunción de inocencia y el derecho a la libertad de movilidad.

El juez Ortiz explicó que convertir la prisión preventiva en una sanción automática “desnaturaliza su carácter excepcional”, pues debería ser una medida cautelar aplicada bajo los principios de necesidad y proporcionalidad.

El dictamen también hace referencia a estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establecen que la prisión preventiva debe ser una medida de último recurso y no una sanción anticipada.

La negativa de la Corte se suma a las recientes fricciones con el Ejecutivo. Desde la Presidencia, la Secretaría Jurídica acusó a los jueces de excederse en sus competencias, en referencia a su propuesta de crear una comisión interinstitucional para abordar la crisis de seguridad.