Este 8 de marzo, las mujeres se movilizaron en varias provincias del Ecuador. Muchas de estas manifestaciones y concentraciones superaron en número a las de años anteriores, reflejando una realidad innegable: la situación de las mujeres en el país es cada vez más violenta y precaria.

En Ecuador somos más de ocho millones de mujeres y, pese a representar el 51,3% de la población, seguimos en desventaja. En 2024, se perpetraron 274 femicidios y 403 muertes violentas de niños, niñas y adolescentes. A los altos índices de violencia e inseguridad se suma la crisis económica que golpea con mayor dureza a las mujeres. Según el último Censo de Población y Vivienda, el 38,5% de los hogares en Ecuador tiene a una mujer como jefa de hogar, lo que evidencia la carga desproporcionada que enfrentamos en términos de sostenibilidad económica y cuidados.

A pesar de los avances históricos, estos siguen siendo insuficientes para erradicar la desigualdad y la inequidad. La lucha por la justicia social es más necesaria que nunca, y las mujeres, tanto a nivel global como local, han demostrado ser un motor de cambio y resistencia: defendiendo los territorios ancestrales, la naturaleza, su cultura y el derecho a decidir sobre sus cuerpos.

Además, el movimiento de mujeres ha sido un bastión en la lucha contra el avance de la ultraderecha en el mundo, que busca imponer discursos de supremacía racial, odio y segregación, amenazando los derechos humanos conquistados con décadas de lucha.

En Ecuador, uno de los desafíos más urgentes es la defensa de la institucionalidad encargada de aplicar políticas públicas para la prevención y erradicación de la violencia de género. El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, responsable del Sistema de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, no recibe el presupuesto adecuado y enfrenta intentos de debilitamiento mediante la asignación de funciones ajenas a su competencia.

La violencia política basada en género también obstaculiza la participación de las mujeres en espacios de decisión. Quizás el caso de la vicepresidenta Verónica Abad es el ejemplo más evidente de cómo, a pesar de la existencia de normas, el poder patriarcal encuentra maneras de marginarnos y deslegitimar nuestra presencia en espacios de decisión.

De cara a las elecciones que definirán el destino del país en los próximos cuatro años, queda claro que los derechos de las mujeres no son una prioridad para estas fuerzas políticas. Desde sus espacios de poder, ambos sectores han demostrado ser nefastos en términos de garantía y protección de nuestros derechos.

Ante este panorama, la lucha no puede detenerse. Nos corresponde seguir defendiendo nuestros derechos, no solo por nosotras, sino por las generaciones futuras. Porque cada conquista ha sido fruto de nuestra resistencia, y el camino hacia la equidad sigue en construcción.