La Superintendencia de Bancos anunció este 11 de marzo de 2025 el cese inmediato de operaciones de Amibank y el inicio de su proceso de liquidación.
Según la entidad de control, el banco ha enfrentado problemas recurrentes en su gestión administrativa y estructura financiera, lo que ha llevado a un deterioro significativo de sus indicadores. Además, su índice de morosidad supera la media del sector, afectando la recuperación de su cartera crediticia.
Medidas para proteger a los depositantes
La Superintendencia explicó que Amibank ha reportado pérdidas acumuladas desde 2020, lo que ha reducido progresivamente su patrimonio y generado una deficiencia en provisiones. Debido a esta situación, se ha dispuesto su liquidación, con la implementación de medidas orientadas a proteger a los depositantes y evitar un mayor deterioro de la entidad.
Entre las acciones adoptadas, se ordenó la suspensión inmediata de sus operaciones y la designación de un administrador temporal. Asimismo, en coordinación con la Corporación del Seguro de Depósitos (Cosede), se activó un plan para garantizar la devolución de los fondos asegurados a los clientes dentro de los plazos establecidos.
Causas de la liquidación de Amibank
En septiembre de 2023, Amibank fue sometido a un programa de supervisión intensiva, pero no cumplió con las acciones necesarias para su recuperación. Tras un análisis de su situación, la Superintendencia identificó varios factores que motivaron la decisión de liquidar la entidad:
- Altos costos operativos, con un elevado ratio de absorción que afectó su sostenibilidad.
- Pérdidas acumuladas superiores al 50% del capital social.
- Falta de cumplimiento con las recomendaciones de la Superintendencia, auditorías internas y externas.
- Deficiencias en la gestión del riesgo de crédito, debilitando el proceso crediticio.
- Problemas en la administración corporativa, con falta de coordinación en la toma de decisiones.
- Incumplimiento de normas para prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- Deterioro del patrimonio y reiteradas faltas al requisito mínimo de solvencia.
Con la liquidación en marcha, se espera que las medidas adoptadas garanticen un proceso ordenado que priorice la protección de los clientes y la estabilidad del sistema financiero.
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