Es fundamental que los candidatos expongan su visión referente a la participación del sector privado en el modelo de desarrollo propuesto. Deberían explicar el grado de apertura que se brindará para que actores empresariales puedan intervenir en los sectores estratégicos del país, especialmente bajo la figura de “excepcionalidad” prevista en la norma y el tipo de controles que se aplicarían para evitar que esa vía sea mal utilizada en contra del interés nacional.

Conforme la Constitución y el código de la producción COPCI, la excepcionalidad para delegación a privados se contempla solo cuando el Estado no tiene la capacidad técnica o económica o cuando la demanda del servicio no pueda ser cubierta por empresas públicas o mixtas. Ya que esta falta de capacidad técnica o económica se establece en base a un informe interno del ministerio del ramo, pero en la práctica si el funcionario no lo firma simplemente lo remueven, entonces es una decisión política disfrazada de técnica, que estará directamente alineada con la visión de quien presida la Función Ejecutiva.

Para la declaración de “excepcionalidad” se evidencia la necesidad de incorporar un control cruzado con otro poder del Estado. Se podría normar que estos informes deban tener una revisión/validación de una institución de la Función de Transparencia (ej:Contraloría) previo a utilizarlos en un proceso de “delegación a privados”. Pero estos cambios nuevamente requieren voluntad política y por ello la importancia de comprender con anticipación el pensamiento de los candidatos presidenciales y sus legisladores antes de otorgarles el voto.

El enfoque de la política pública de los sectores estratégicos y los cambios normativos que promoverán para llevar adelante el respectivo plan de gobierno, son definiciones que debemos demandar que se expongan con claridad. Por ejemplo, saber si modificarán la ley para que sea legal que los campos en producción de Petroecuador puedan ser delegados a empresas privadas. O si impulsarán que las empresas públicas puedan ser convertidas en sociedades anónimas cuyas acciones sean repartidas a los ciudadanos.

A diferencia de los aspectos antes indicados que dependen de la ideología del candidato, hay elementos comunes que, Gane quien Gane, los ciudadanos deberíamos exigir:

1.Transparencia, competencia justa e integridad pública: Los procesos competitivos y concursos transparentes deben primar. Nunca más se debería aceptar adjudicaciones a dedo. Al menos en el discurso, tanto los políticos de izquierda como los de centro y los de derecha coinciden en la importancia de la transparencia y la justa competencia al momento de adjudicar procesos que involucran recursos públicos. La competencia justa es un elemento primordial para velar por el interés nacional, especialmente cuando se refieren al ámbito de sectores estratégicos para delegaciones, licitaciones, alianzas público privadas, etc. Pero hemos evidenciado en la historia del país como distintos gobiernos han ejecutado procesos donde reina la opacidad, la discrecionalidad y se hacen millonarias adjudicaciones sin un concurso riguroso y transparente que precautele el interés del Estado. Cuando eso sucede perdemos todos los ecuatorianos, pero especialmente afecta a los sectores más vulnerables porque la discrecionalidad suele venir asociada a corrupción con fondos públicos en beneficio de unos pocos y en perjuicio de las grandes mayorías.

Un concurso con integridad demanda TDRs técnicamente estructurados y comités de calificación/selección con personal sin conflictos de interés. Lo cual se complementa con una convocatoria apropiada que garantice la participación de diversos actores interesados, cuyas propuestas, luego de la calificación respectiva, deberían ser publicadas para conocimiento de la ciudadanía al igual que los contratos que se suscriban. Cuando hay “secretismo en los contratos” o en los TDRs, es una alerta evidente frente a la cual la ciudadanía y las entidades de control deben reaccionar.

2.- Seguridad Jurídica: Es imperativo que tanto las instituciones públicas como los actores privados cumplan la normativa existente; que las reglas del juego sean claras desde el inicio y se respeten durante el tiempo de contrato. Es crucial que se consolide un sector privado competitivo que actúe dentro del marco normativo en el que su participación sea valorada y no obstaculizada desde lo público; dónde en la práctica los contratos sean ley para las partes. Los actores privados deben estar en pleno conocimiento sobre la voluntad popular expresada en las urnas por el pueblo ecuatoriano, referente a la no inclusión de cláusulas de arbitraje internacional en los contratos que suscriba el Estado con terceros.
Los contratos deben ser claros, precisos y completos. Deben incorporar definiciones importantes como por ejemplo, quién se encargará de los pasivos ambientales existentes y de los que se produzcan durante la vigencia del contrato, incluido los procesos de cierre de los proyectos. Se debe incorporar el detalle del cronograma y plan técnico que el privado acordó desarrollar para el Estado. El Estado debe reservarse la opción de terminación unilateral para los casos de incumplimiento por parte del contratista, y especificar con claridad las sanciones que se aplicarían. Es una buena práctica evitar la firma de contratos hacia el final de períodos de gobierno.

3.-Proveedores con credenciales apropiadas para el objeto y el alcance de los contratos : Es importante que el Estado garantice la probidad de los proveedores con quienes contrata, especialmente en sectores estratégicos. Los contratistas deben contar con experiencia y solvencia tanto técnica como financiera, para cumplir con las obligaciones que contraen. No es aceptable que se adjudique a empresas con un objeto social que no corresponde al ámbito del contrato, o que no presenten evidencia de su experiencia para las tareas críticas involucradas, o que la magnitud del contrato sea evidentemente desproporcionada en relación a su experiencia previa.

4.- Inversiones públicas en proyectos/negocios de riesgo controlado
Un aspecto clave es analizar el riesgo del proyecto/negocio. El Gobierno Nacional debería efectuar inversión pública donde la incertidumbre sea baja, donde haya conocimiento técnico para una adecuada gestión de los factores de riesgo asociados. A manera de ejemplo, resulta más seguro invertir fondos públicos en un campo petrolero ya operativo con pozos en producción y con adecuada caracterización del recurso, versus invertir en un proyecto de exploración offshore para gas natural, donde el riesgo es alto y conviene efectuarlo con inversión privada. Es decir, el Estado debe establecer los criterios para seleccionar qué proyectos estratégicos deben ser efectuados con inversión pública y cuales con inversión privada. Para ello ya existen consultorías internacionales que el propio estado ha contratado a lo largo de los años y que deberían servir de base para estas decisiones.

Los ciudadanos debemos permanecer vigilantes y exigir que, Gane quien Gane, las autoridades actúen en concordancia al interés nacional.