Un nuevo escándalo sacude al Ministerio de Defensa de Ecuador tras la revelación de conversaciones privadas que exponen posibles actos de corrupción en la compra de chalecos antibalas. La investigación de La Posta ha puesto bajo la lupa a altos funcionarios y empresarios que habrían manipulado el proceso de adquisición para beneficiar a una empresa en particular.

La empresa Blindex, dedicada a la fabricación de productos blindados, fue una de las participantes en un proceso de licitación reservado para la compra de chalecos antibalas para las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Según los documentos y chats filtrados, el representante de Blindex, Eduardo Reinoso, mantenía contacto frecuente con el ministro de Defensa, Lofredo, y con su asesor externo, César Díaz.

Las conversaciones reveladas muestran cómo Reinoso tenía acceso a información privilegiada sobre la licitación, lo que levanta sospechas sobre un posible direccionamiento del contrato. Además, se evidenció que Díaz y Reinoso coordinaban reuniones en privado, lo que podría indicar un intento de favorecer a la empresa en el proceso de compra.

Influencia y manipulación del proceso

Otro personaje clave en la investigación es Andrés Tacle, un cercano colaborador de Reinoso. Según los chats filtrados, Tacle participó activamente en la gestión de la licitación y en reuniones donde se discutía el contrato de los chalecos antibalas.

En los mensajes, Tacle y Díaz mencionan encuentros en Guayaquil donde se abordaría el proceso de adjudicación, lo que sugiere una posible manipulación del concurso público. Además, Díaz parece estar al tanto de detalles internos del proceso antes de su publicación oficial, lo que pone en duda la transparencia de la adquisición.

Reacciones y posibles consecuencias

Las revelaciones han generado una fuerte reacción en la opinión pública y en el ámbito político. Diversos sectores han solicitado una investigación formal para esclarecer si existió un favorecimiento indebido en la compra de los chalecos antibalas.

La Fiscalía General del Estado podría iniciar un proceso para determinar responsabilidades y, de confirmarse las irregularidades, los implicados podrían enfrentar cargos por corrupción y abuso de poder.

Este escándalo se suma a una serie de denuncias sobre contrataciones irregulares en el sector público, aumentando la presión sobre el gobierno para implementar reformas que garanticen procesos de adquisición transparentes y justos.

La Posta continuará con su investigación y se espera que en los próximos días se revelen más detalles sobre este controversial caso.