La empresa japonesa Furukawa, condenada por esclavitud moderna en Ecuador, ha solicitado a la Corte Constitucional autorización para vender hasta 17 haciendas y así reunir los fondos necesarios para indemnizar a 342 extrabajadores reconocidos como víctimas.

El fallo judicial determinó que Furukawa deberá pagar más de 41 millones de dólares debido a la explotación laboral a la que sometió a sus trabajadores durante más de cinco décadas, manteniéndolos en un sistema de servidumbre que violaba su dignidad.

Un sistema de explotación

La Corte Constitucional concluyó que la empresa, dedicada al cultivo de abacá, operó bajo un modelo en el que personas en situación de vulnerabilidad vivían en campamentos dentro de las haciendas y trabajaban por generaciones sin posibilidad de mejorar sus condiciones.

Inicialmente, Furukawa rechazó la sentencia, argumentando que era imposible cumplir con las indemnizaciones. Sin embargo, ahora sostiene que podrá hacerlo si se le permite vender sus activos, ya que actualmente tiene prohibida la enajenación de bienes.

“Sin esta autorización, la empresa no tiene capacidad de dar cumplimiento”, señaló en un comunicado.

Contacto con la Defensoría del Pueblo

La empresa asegura que ha iniciado gestiones con la Defensoría del Pueblo para coordinar el pago, verificando las cuentas bancarias de los beneficiarios y evaluando la posibilidad de entregar tierras como parte de la compensación.

Furukawa también ha solicitado información sobre si los extrabajadores aún residen en las 294 hectáreas que ocupan desde 2019.

Críticas de las víctimas

A pesar de estos anuncios, las víctimas han criticado la actitud de la empresa. En enero, calificaron como una “burla” las disculpas públicas ofrecidas por Furukawa, señalando que fueron realizadas sin previa coordinación y en presencia de un reducido grupo de personas que ni siquiera estaban reconocidas como víctimas en el caso.

Mientras Furukawa insiste en que busca cumplir con la sentencia, su historial de abusos y la desconfianza de los extrabajadores hacen que este proceso sea observado con cautela. Ahora, la decisión queda en manos de la Corte Constitucional, que deberá definir si permite la venta de las haciendas para garantizar la reparación económica a los afectados.