Nuevamente, la posibilidad de convocar una Asamblea Constituyente vuelve a la palestra política en Ecuador: La idea de una nueva Constitución suena prometedora, pero ¿realmente estamos viendo un proceso ciudadano genuino? Lamentablemente, no. Lo que debería ser un debate impulsado por la sociedad civil se ha convertido en una estrategia electoral más, es decir, en una herramienta para establecer la agenda política del gobierno de turno, como ha ocurrido en el pasado.

El candidato presidente Daniel Noboa anunció que, en caso de ganar la segunda vuelta electoral, impulsará este mecanismo para reformar la Constitución del país.

Contextualicemos, apreciados lectores:

Una Asamblea Constituyente se convoca cuando un país enfrenta una crisis política, social o institucional que demanda una reestructuración profunda del Estado. Estas asambleas suelen instalarse a través de procesos democráticos, ya sea por iniciativa del Ejecutivo, del Legislativo o mediante consulta popular. Los asambleístas elegidos tienen la misión de redactar una nueva Constitución, la cual suele someterse a referéndum para su aprobación.

Desde su independencia en 1830, Ecuador ha tenido 11 Asambleas Constituyentes. A lo largo de la historia, distintas cartas magnas han sido elaboradas con el propósito de reorganizar el sistema político y jurídico del país. Es así como, las constituciones fueron creadas con el propósito de establecer límites al poder político, especialmente durante la época de los monarcas absolutistas en Europa.

No obstante, la Constitución de 2008 no respondió a esta finalidad. En lugar de actuar como un mecanismo de equilibrio y unidad entre poderes, se convirtió en un instrumento de un gobierno que pretendía consolidar su permanencia.

En consecuencia, existen configuraciones institucionales que han generado más problemas que soluciones: El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), el Consejo Nacional Electoral (CNE), el hiperpresidencialismo y la figura de la “muerte cruzada”. Muchos consideraríamos ideal un retorno a la clásica división de tres poderes del Estado, sin estructuras paralelas que han demostrado ser ineficientes y fácilmente manipulables.

La Constitución de 2008 no estableció un equilibrio adecuado entre derechos y sostenibilidad económica. Expertos en derecho argumentan que, más que ser excesivamente garantista, la falta de viabilidad económica es su mayor problema. Se incluyó un extenso listado de derechos sin definir fuentes claras de financiamiento, lo que la convirtió en un instrumento atractivo para el discurso populista.

Sin embargo, cuando los recursos se agotaron, las promesas contenidas en el texto constitucional dejaron de materializarse. La permanencia de un modelo de Estado prestador de servicios bajo un enfoque paternalista ha demostrado ser insostenible en el tiempo.

Hubo puntos en los que se distinguió, como la consolidación del Estado plurinacional y su enfoque innovador en el derecho ambiental, al reconocer los derechos de la naturaleza. No obstante, su aplicación ha sido objeto de críticas, debido a la falta de mecanismos efectivos para equilibrar el desarrollo económico con la protección ambiental.

Aquí 3 conclusiones:

1. Las modificaciones a la Constitución de Montecristi con ajustes menores ya no solucionarán los problemas estructurales que enfrenta el país. Para garantizar un equilibrio real de poderes y evitar la concentración del poder, es fundamental establecer un gobierno con límites claros dentro de una democracia liberal.
2. El actual debate sobre una nueva Constitución surge en el marco de la contienda electoral, lo que genera dudas sobre su verdadera intención. Es crucial evaluar si quienes promueven este cambio están comprometidos con una transformación genuina o simplemente buscan fortalecer su control político.
3. Una nueva Constitución es un debate legítimo, pero debe nacer de una iniciativa ciudadana genuina y no de intereses políticos coyunturales.

No podemos permitir que una reforma constitucional se convierta en una herramienta de manipulación electoral, en lugar de un proceso legítimo que responda a las necesidades del país.  Es hora de poner el foco en lo esencial: el poder debe estar al servicio de los ciudadanos, y no al revés.