La disputa electoral entre Luisa González y Daniel Noboa por la presidencia de Ecuador ha impactado directamente en el trabajo de la Asamblea Nacional. En al menos nueve ocasiones, las bancadas de la Revolución Ciudadana (RC) y ADN han intentado introducir temas ajenos a la agenda legislativa, con el objetivo de favorecer sus posturas políticas o perjudicar a sus rivales.

Uno de los temas más recientes es la propuesta de crear una comisión para tramitar una enmienda constitucional que fortalezca la dolarización y la establezca como moneda oficial. Esta iniciativa fue presentada en 2021 por Pabel Muñoz, entonces legislador de RC y actual alcalde de Quito, y obtuvo el respaldo de la Corte Constitucional en agosto de 2022. Sin embargo, el tema fue retomado el 25 de febrero de este año por la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, quien impulsó su debate en el Pleno para el 27 de febrero, a menos de dos meses de la segunda vuelta electoral.

El candidato presidencial Daniel Noboa calificó la propuesta como un acto de distracción política, señalando que se trata de un “show en la Asamblea”. Además, criticó a Diego Borja, candidato a la vicepresidencia por la Revolución Ciudadana, acusándolo de haber promovido la desdolarización en sus escritos académicos. A pesar de esto, la bancada de ADN ha anunciado su voto a favor, aunque considera que la estrategia busca alejar a RC de cualquier sospecha sobre un posible intento de eliminar el dólar en el país.

Tensiones políticas en el Legislativo

La Revolución Ciudadana ha utilizado su influencia en la Asamblea para cuestionar al Ejecutivo en varias ocasiones. Desde la primera vuelta electoral, han impulsado debates legislativos sobre temas de coyuntura, generando un clima de confrontación política.

Uno de los asuntos discutidos recientemente es la concesión del campo petrolero Sacha. La Asamblea ha incluido este tema en su agenda de fiscalización, dado que el Estado, a través del Comité de Licitación Hidrocarburífera (COLH), debe decidir si acepta la oferta de un consorcio empresarial para explotar el yacimiento bajo un contrato de participación. En este contexto, la Comisión de Fiscalización convocó a varios funcionarios, incluyendo a la ministra de Energía, Inés Manzano, y al procurador general del Estado, Juan Carlos Larrea. Sin embargo, ninguno asistió a la sesión del 14 de febrero, por lo que la comparecencia fue reprogramada para el 26 de febrero.

El debate también ha llegado al Pleno, donde ADN defiende la concesión del campo, mientras que la Revolución Ciudadana se opone a que uno de los yacimientos más productivos del país pase a manos privadas.

Fiscalización y seguridad en la agenda legislativa

En materia de seguridad, el 18 de febrero la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, anunció un proceso de fiscalización sobre la crisis de violencia en el país, argumentando que el aumento de homicidios en enero de 2025 evidencia la falta de resultados del Plan Fénix. En esta línea, también cuestionó la designación de Fausto Buenaño como ministro del Interior, quien posteriormente renunció.

Además, el 25 de febrero, el Pleno aprobó un informe que recomienda un juicio político contra el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, por la desaparición y asesinato de cuatro niños en Guayaquil a manos de militares.

Otro caso que ha generado controversia es el de PetroNoboa. La Comisión de Justicia, liderada por la Revolución Ciudadana, inició una fiscalización sobre supuestas irregularidades en la venta de gasolina por parte de una empresa vinculada a Santiago Noboa, hermano del presidente. Sin embargo, los funcionarios del Gobierno citados para responder sobre este tema no acudieron a la convocatoria.

ADN también busca marcar la agenda legislativa

Aunque sin mayor éxito, ADN ha intentado impulsar una agenda favorable al Ejecutivo. Recientemente, el Pleno aprobó una moción presentada por el socialcristiano Otto Vera, reafirmando el compromiso de la Asamblea en la lucha contra el crimen organizado y exhortando al Gobierno a fortalecer su estrategia de seguridad. Esta resolución surgió en respuesta a la intención del oficialismo de obtener respaldo legislativo para permitir la intervención de fuerzas extranjeras en el país.

No obstante, ADN sí logró aprobar la Ley para impulsar la Economía de las Mujeres Emprendedoras, una iniciativa enviada por el Ejecutivo que busca fomentar la participación económica de las mujeres en el país.

La pugna política entre ambas bancadas seguirá marcando el rumbo del Legislativo en medio del tenso clima electoral que vive Ecuador.