Ante el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, dos madres y sus representantes legales de víctimas de violencia sexual, física, psicológica y vicaria por parte de sus familiares expusieron vulneración de derechos y su presunta impunidad, por la falta de cargos ante los posibles responsables, por lo que piden justicia.

Las denunciantes piden revisión exhaustiva de los casos, a fin de determinar posibles responsabilidades administrativas y disciplinarias, así como garantizar el acceso a la justicia y a la cautela de derechos de las afectadas. La Comisión tomará las medidas necesarias, dentro del marco legal y técnico que les faculta, para dar el respaldo y el seguimiento de los casos.

Sara Briceño narró el proceso y aseguró que su pequeña de 7 años fue revictimizada por dos ocasiones; con testimonio anticipado y elementos de convicción no se hizo justicia y se archivó el caso, argumentándose que no hay pruebas ni síntomas, luego se reabre el expediente sin agresores y se revoca el archivo. Denunció que junto a su hija han recibido amenazas de muerte y que se encuentra en estado de indefensión. También cree que se defiende al agresor porque es una persona que tiene poder político.

Gustavo García, desde el punto legal, indicó que han puesto demasiadas trabas al caso. Explicó que desde el 2022 levantaron la investigación previa y recabaron dibujos y examen médico que determinan que la niña había sido violentada sexualmente. “Hubo mala fe, el perito saca como conclusión que no hay delito, sin testimonio anticipado desestimó la causa y pidió el archivo” dijo y pidió se cumpla el debido proceso para probar que existe delito, materialidad y probabilidad.

En su turno Mónica Rodríguez sostuvo que sufrió violencia psicológica y física por parte de su expareja luego de quedar embarazada. Colocó una demanda para recuperar a su hija de seis años, sin embargo, el padre se negó a acatar la orden judicial. Informó que su agresor repite los mismos patrones y tiene rasgos de personalidad narcisista; ejerce violencia vicaria utilizando a su hija para hacerle daño. Aclamó por la devolución de la custodia de la menor.

Con criterio jurídico, Juan Carlos Paredes dijo conocer de cerca y por muchos años a Mónica que es una profesional exitosa en todos los aspectos de su vida. A su criterio el agresor merece atención psicológica y siquiatra porque los hechos también han sido con sus otras parejas; “los maltratos han sido sistemáticos en contra de Mónica y se le administró medicamentos que le ocasionaron depresión”. Afirmó que el caso no avanza, existieron irregularidades en la asignación de visitas. “El régimen de visitas es marcial e injusto. Estamos preparando la demanda de tenencia”, concluyó.

Luego de escuchar los testimonios, las legisladoras se solidarizaron con las víctimas y presentaron su respaldo y acompañamiento; dijeron que se activarán, dentro de sus competencias, con pedido de información. “Es inaceptable que los agresores tengan más cabida que el agredido; la justicia ecuatoriana tiene graves fallas y se debería solicitar al Consejo de la Judicatura se investigue a los jueces involucrados en ambos casos, dijo Sofía Espín. Mientras Gissela Garzón pidió que se haga un análisis de comportamiento técnico, así como a la violencia vicaria.

Agenda por el Día de la Mujer

En otro aspecto, el Grupo Parlamentario socializó la agenda para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer-8M. Entre las actividades previstas en la semana del 6 al 8 marzo consta, en el Pleno, la entrega de condecoraciones a mujeres ilustres en honor a la justicia y la equidad; que se aborden leyes enfocadas en derechos de mujeres; feria de mujeres emprendedoras; conocimiento del proyecto de Ley de las Mujeres Rurales en la Comisión de Garantías Constitucionales; talleres de capacitación para mujeres sobre finanzas básicas, entre otras actividades.