En un giro significativo en el ámbito político ecuatoriano, Jaime Dousdebés, abogado de la canciller Gabriela Sommerfeld, alegó el 21 de febrero durante la audiencia de pruebas en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que la vicepresidenta Verónica Abad intentó sistemáticamente apartarla de su cargo a través de “insultos y menoscabos” a su imagen pública, lo que configura, según el jurista, un caso de violencia política de género.

Dousdebés presentó una serie de notas de prensa y entrevistas en las que Abad se refiere a Sommerfeld como una de las responsables de su “destierro a Israel”, argumentando que no le ha permitido ejercer sus funciones de manera adecuada. Esta situación ha generado un debate en torno a la violencia política de género, un tema cada vez más relevante en el contexto ecuatoriano.

En la audiencia, la vicepresidenta Verónica Abad no se presentó sola; estuvo acompañada por su abogado Eric Erazo y otros letrados, Damián Armijos y Dominique Dávila, quienes han tenido un papel activo en procesos penales y constitucionales en su defensa. Armijos, en su intervención, rechazó que las declaraciones de Abad constituyan estereotipos de género, asegurando que no han impedido que Sommerfeld ejerza su cargo como canciller.

Este caso tiene un antecedente interesante: el juez electoral Guillermo Ortega fue el mismo que desestimó una denuncia previa de Abad contra el presidente Daniel Noboa y otros funcionarios, declarando su inocencia. En un giro posterior, Sommerfeld y la asesora presidencial Diana Jácome presentaron su propia denuncia por violencia política de género contra Abad, lo que ha llevado a un entramado legal y político complejo.

El magistrado Ortega se encuentra ahora en la posición de resolver este conflicto en primera instancia, en un contexto donde las acusaciones de violencia política de género y las tensiones internas en el gobierno se entrelazan, marcando un hito en la lucha por la igualdad y el respeto en el ámbito político. A medida que se desarrollen los acontecimientos, el impacto de esta disputa será crucial para la percepción pública de los actores involucrados y la evolución de la política en Ecuador.