Tras las elecciones del domingo pasado, dos candidatos presidenciales y tres aspirantes a la Vicepresidencia han renunciado a la seguridad proporcionada por el Estado. Francesco Tabacchi (CREO) y Jorge Escala (Unidad Popular) solicitaron formalmente el retiro de los agentes policiales asignados durante la campaña, cada uno contando con nueve oficiales equipados con armamento y protección balística.

Asimismo, las candidatas a la Vicepresidencia Inés Díaz (SUMA), Katiuska Molina (Pachakutik) y María Luisa Coello (Democracia Sí) también declinaron continuar con la custodia estatal.

La violencia electoral en Ecuador

El informe preliminar de la Misión de Observación Electoral de la OEA destacó la violencia que marcó este proceso electoral, señalando que la inseguridad dificultó la participación política y provocó secuestros, amenazas y ataques armados contra candidatos de diversos partidos.

Uno de los testimonios más impactantes fue el de Geovanni Atarihuana, director de Unidad Popular, quien reveló que, en algunas zonas de Esmeraldas y Durán, su movimiento debió pedir permiso a grupos criminales para poder hacer campaña.

Casos como el de Andrea González (PSP), quien interrumpió un recorrido en Manabí por una alerta de seguridad, y Carlos Rabascall (Izquierda Democrática), enfrentando incidentes similares, evidencian el clima de inseguridad. Además, en El Oro, el candidato a asambleísta por Democracia Sí, Gabriel Ugarte, sufrió un ataque armado en su domicilio.

La OEA también criticó la falta de datos oficiales sobre violencia política, lo que impide dimensionar con precisión el impacto de esta crisis en la democracia ecuatoriana.