Cuando comenzó a discutirse la creación, como nuevas funciones del Estado, la Electoral y la de Transparencia y Control Social, poniendo fin a la clásica, universal y democrática división de poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se advirtió de lo pernicioso que sería para el país esa muy premeditada y extravagante novelería. La mayoría constituyente, incondicional del proponente de tal creación, cuya pretensión evidente era perpetuarse en el poder de la república, las aprobó e incorporó a la Constitución vigente desde 2008.

Durante los 10 años consecutivos del gobierno que inventó para su particular favor las nombradas funciones, sus máximos órganos, el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, le fueron siempre funcionales en todo lo que les ordenó. Tras su fallido plan de mantenerse en el poder por la “traición” política de Lenin Moreno y de convertirse en prófugo de la justicia, por su sentencia en el caso Sobornos, el ex primer mandatario y su organización, lo mismo que otras tiendas partidistas, no han descansado en un su interés de meterles el diente, sobre todo al Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué?

Como el objetivo principal era gobernar al Ecuador durante tiempo indefinido, siempre dejando la sensación que sería bajo el marco constitucional-democrático, el blindaje no podía faltar y, entonces, qué mejor que contar con un súper poderoso Consejo que designe Procurador General, Fiscal General, Contralor General, Defensor del Pueblo, Defensor Público, Tribunal Contencioso Electoral y Consejo Nacional Electoral; superintendentes de Bancos, de Protección de Datos, de Ordenamiento Territorial, de Competencia Económica y de Economía Popular y Solidaria; y, vocales del Consejo de la Judicatura. Su funcionamiento, como se suponía, provoca voraces apetitos políticos y los cuestionamientos ciudadanos, por consiguiente, tampoco faltan. Lo más destacado de la existencia de este peligroso experimento ha sido su conformación. Desde su nacimiento alrededor de 20 miembros han sido destituidos, alguno está preso y otro huido. Las mayorías que se logran apuntan a beneficiar a sus patrones políticos. Debido a los claros intereses particulares, los procesos para designación de autoridades no se cumplen. Hoy, luego de la última destitución de 4 consejeros, para su integración hay que escoger entre los suplentes de los suplentes.

Pese a públicas afirmaciones de la mayoría de los partidos y movimientos políticos en el sentido de que debe eliminarse dicho Consejo, en la realidad poco o nada se hace por concretarlo. Los ecuatorianos, hasta tanto, seguirán siendo testigos de cómo el interés nacional es ampliamente superado por el interés de unos pocos, bastante conocidos y altamente responsables de los graves problemas que aquejan al país.