La Comisión de Relaciones Internacionales avocó conocimiento de la Resolución RL-2023-2025-166, emitida por el Pleno de la Asamblea Nacional, para dar inicio al proceso de fiscalización destinado a dar seguimiento a las entidades responsables de vigilar por la correcta ejecución de deportación y reinserción económica y social de los ciudadanos ecuatorianos deportados.

En su intervención, Gustavo Mateus destacó la importancia de respetar y proteger los derechos de los compatriotas migrantes ecuatorianos, tanto aquellos que residen en el extranjero como los que han sido deportados. Subrayó que la resolución responde a una urgente preocupación sobre las políticas migratorias que vulneran la dignidad humana y señaló la necesidad de que el Gobierno ecuatoriano adopte políticas públicas efectivas para garantizar la reintegración socioeconómica.

Por su parte, Fausto Fernández mencionó las medidas adoptadas por el Gobierno, destacando un plan de atención y asistencia a los ecuatorianos en situación migratoria irregular en Estados Unidos.

Este plan, activado en respuesta a las nuevas políticas migratorias implementadas por la administración del presidente Donald Trump, busca mitigar los impactos de dichas medidas y ofrecer información crucial sobre los derechos y responsabilidades de los migrantes para garantizar su protección y bienestar, señaló.