¡Quién hubiera pensado hace algunas décadas que Ecuador, atravesaría la más cruenta crisis de inseguridad y violencia que sacude al país de manera cotidiana! El centro de gravedad de la violencia está relacionado con causas estructurales derivadas de un sistema político perverso, en donde las relaciones de poder desiguales, determinan, asimismo, oportunidades desiguales de vida. Se ha normalizado, por decirlo menos, una afectación en el acceso a necesidades humanas básicas (supervivencia, libertad, bienestar, identidad entre otras) donde la coexistencia disfuncional entre grupos privilegiados y vulnerados es una constante que se complejiza en diversas escalas de tiempo y espacio. Con ello, se ha mutado hacia sociedades donde la injusticia social es su principal característica, derivando no solo la posibilidad de una violencia directa (violencia visible, de característica física y psicológica) entre perpetradores y víctimas, sino la configuración de patrones en donde la violencia simbólica (actitudes, prejuicios) tiñe todo el espectro, reforzada por prácticas de discurso y narrativas (oficiales y del resto de actores de la sociedad) que buscan naturalizar dicho estado de situación “de imposible resolución” o de “resoluciones, privilegiando las vías violentas”.

En el caso del ejercicio de violencia directa por parte de diversas organizaciones criminales en el país- en sus diversos niveles y composición- micro carteles locales, pandillas, criminales de cuellos blanco y azul penetrados en el Estado, actores de mafias internacionales, delincuentes comunes y delincuentes vinculados a grupos transnacionales, grupos transnacionales de criminalidad organizada, “grupos terroristas” como han sido ya calificados ( 22 grupos en el país) se han acoplado vía disputas sangrientas entre ellos o vínculos ad hoc a penetrar territorios y crear gobernanzas paralelas, aprovechando las condiciones geográficas y demográficas de los territorios. Esto permite la configuración de formas emergentes de interacción entre actores legales, ilegales y criminales.

En estos espacios la “autoridad” pretende ser ejercida- en unos casos ya lo es- mediante formas de gobernanza criminal híbrida, espacios de convergencia de formal e informal, legal e ilegal para el ejercicio del poder y autoridad, entramándose diversos mercados criminales, en donde se van desarrollando mecanismos de control territorial y poblacional, debilitando el accionar de la conducción del Estado y de sus aparatos de fuerza, toda vez que en medio de oportunidades desiguales de vida de los pobladores, extrema pobreza, grupos vulnerables no atendidos, falta de oportunidades de desarrollo, desempleo, dicho tipo de gobernanza con un particular ejercicio en cada porción de territorio, dependerá de varios factores.

Entre estos factores está el tipo de dominio ejercido por los grupos criminales a la cabeza en tiempo y espacios determinados; el tipo de mercado criminal priorizado, su capacidad de mutación, fragmentación y atomización de micro carteles (con vinculación trasnacional), mega bandas y bandas de ejercicio de poder intermedio; los mecanismos de penetración y cooptación de los pobladores y autoridades ( vía violenta o vía acuerdos tácitos) para funcionalizar la gobernanza híbrida; el manejo de las narrativas y discursos de los actores criminales, creando imaginarios de cuidado y protección en los pobladores; y el trabajo de operaciones psicológicas y emocionales dirigidas sobre todo a las poblaciones juveniles en redes sociales para legitimar modalidades de cooptación, engrosando las filas criminales, sobre todo en la prestación de servicios como: sicariato, vacunas y secuestros.

El mayor riesgo de estas formas de gobernanza que se van abriendo paso en diversas zonas del territorio ecuatoriano es afectar gravemente la capacidad de conducción del Estado. La potencial pérdida de identidad estatal y su sentido de cohesión no es un asunto menor. Se pueden establecer escenarios de micro niveles de gobernabilidad paralela, la proliferación de micro células criminales dispersas en todo el país (algunos analistas hablan de dispersión criminal bajo modalidad de santuarios) detonando ambientes de mayor violencia e inseguridad, la agudización de corrupción e impunidad institucionalizadas, espacio propicio para la multiplicación y fusión de mercados y actores criminales que garanticen sus millonarias ganancias y, finalmente, la instauración de múltiples niveles de gobernanza criminal como el preludio de un Estado crimilegal: el Estado tiene la apariencia de seguir siendo un Estado sano, cuando está sostenido en un entramado criminal.